Si un jurista catalán hubiera entrado en coma en agosto pasado y despertase hoy, revisando la legislación autonómica catalana en vigor podría llegar a la conclusión que la Generalitat había estado tanto tiempo dormida como él. Un año después no encontraría en vigor ninguna ley nueva, con la única excepción de una modificación sobre lenguas extranjeras en los grados universitarios, y solo cinco decretos del Govern, dos de ellos para prorrogar los presupuestos, que en realidad ratifican la idea de parálisis.
La Generalitat de Catalunya inició en agosto de 2017 un parón vacacional del que, visto estrictamente desde el punto de la efectividad jurídica, no volvió hasta mayo pasado. Entre medias, en realidad, aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad, convocó el 1 de octubre, declaró la independencia y fue intervenida por la aplicación del 155. Un capítulo que pasará a los libros de historia pero que, en el corpus legal autonómico, quedará registrado solo en forma de página en blanco.
La paralización del Parlament comenzó con los famosos plenos del 6 y 7 de septiembre, cuando l a mayoría independentista aprobó las leyes del referéndum y transitoriedad, que serían suspendidas de forma urgente por el Constitucional en los siguientes días. Poco antes de que el Alto Tribunal las dejara sin efecto, el mismo día 7 el Govern convocó apresuradamente el referéndum.
Pero, antes de celebrar la votación, al Parlament aún le dio tiempo a aprobar el día 20 de septiembre la ley sobre la Agencia Catalana de Protección Social, una de aquellas leyes que pretendía dejar asentado un organismo estructural para el nuevo Estado y que fue suspendida un mes después. A partir de aquí, toda la actividad registrada en la Cámara catalana da un vuelco, centrada en el proceso soberanista, con varias sesiones parlamentarias sin casi contenido y la declaración de independencia precipitada el día 27 de octubre.
Durante los cerca de siete meses de intervención de la autonomía, las cosas no avanzaron mucho más. Pese a que el Parlament se constituyó en enero, no fue hasta el 9 de marzo cuando los nuevos diputados convalidaron sus dos primeros decretos, uno para prorrogar los presupuestos y otro para recuperar la paga extraordinaria de los trabajadores públicos. Pero esa no fue la única actividad que se realizó durante el tiempo que Catalunya no tuvo Govern propio: aquellos cinco meses dieron para diversas declaraciones, mociones y resoluciones, la mayoría relacionadas con el momento excepcional que se vivía.
Capítulo aparte merece la modificación de la ley de la Presidencia. Este cambio, que fue aprobado por el Parlament el 4 de mayo, permite al Parlament hacer investiduras sin que el candidato esté presente en el pleno. De forma obvia, constituía la última esperanza de Carles Puigdemont para ser investido a distancia. Pese a la oposición inicial de ERC, la norma se acabó aprobando, pero el Constitucional la suspendió. Pero, como ocurre con todas las leyes tumbadas cautelarmente, esta suspensión no significa que no puedan acabar declarándose constitucionales y poniéndose en vigor. A esta posibilidad de agarra JxCat, que sigue sin abandonar la idea volver a investir al expresident.
Tres meses para reiniciar una administración
Desde la formación del nuevo Govern de Quim Torra y espoleado por una ERC obsesionada por la "efectividad", el Ejecutivo catalán ha tratado de volver a poner la administración autonómica a velocidad de crucero. Lo ha hecho mediante decretos, comenzando por los de nombramiento de altos cargos, con el objetivo de rescatar las áreas de la Generalitat que habían caído bajo el 155 como la red de delegaciones internacionales.
Pero también ha redoblado esfuerzos a la hora de presentar proyectos de ley. Procedentes del Palau, a la Cámara ha llegado una modificación legislativa para garantizar la igualdad de discapacitados sensoriales, el proyecto de ley del sector vinícola, una ley de contratación con empresas del tercer sector rescatada de la legislatura pasada y, por último, la creación de una Agencia de Salud Pública.
Todo lo anterior es en lo referente a la actividad donde está implicada a la vez el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo que respecta a las actuaciones que el Govern puede hacer por sí mismo, el grueso de la actividad se ha centrado en rescatar el papel de la Generalitat en los litigios abiertos con diversas administraciones. Sin ir más lejos, una de las primeras decisiones tomadas por el Govern en su primera reunión fue personarse en el recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del 155.
El Parlament, cerrado por suspensión
Pese a la aparente voluntad de los partidos del Govern de reiniciar cuanto antes la actividad institucional, en el Parlament el periodo de ralentí comenzado hace casi un año se extenderá aún un mes más después de las vacaciones, pues no se prevé celebrar ningún pleno durante todo el mes de septiembre, aunque sí habrá reuniones de la Mesa y comisiones.
La razón de este funcionamiento a medio gas durante el mes de septiembre hay que buscarla en las diferencias entre los grupos independentistas, que acabaron convirtiéndose en bronca pública sobre cómo abordar la suspensión de los diputados encausados por rebelión, dictada por el juez Llarena. JxCat y ERC no hallaron un acuerdo sobre cómo obedecer al magistrado sin alterar la composición del pleno, por lo que se acabó decidiendo echar el cerrojo al hemiciclo hasta octubre. Una decisión por la que la oposición ha protestado de forma airada.
Este bajón de tensión parlamentaria se da además cuando la Cámara tiene ante sí importantes cuestiones que tratar. Para empezar, la renovación de varios organismos y entes que tienen miembros cuyos mandatos han caducado, como son la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o la Comisión de Garantía de Acceso a la Transparencia. Pero también al Parlament debe llegar este otoño el proyecto de presupuestos para 2019. Una ley fundamental, contando con que en 2018 hubo prórroga, que sin embargo necesitará de una larga negociación con varios grupos para salir adelante.
Arturo Puente
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