Una fuente de seguridad informó a Efe que once de los condenados fueron ejecutados en la prisión de Burg al Arab, situada en la provincia septentrional de Alejandría, y otros cuatro en la cárcel de Wadi Natrun, en la provincia de Al Beheira, en el delta del Nilo.
La pena capital contra los 15 condenados, todos ellos hombres, fue dictada por un tribunal militar el 16 de junio de 2015 y la Alta Corte Militar de Apelación rechazó el recurso presentado por los acusados el pasado mes de noviembre, según medios de información egipcios.
Los condenados fueron encontrados culpables de atacar un puesto de control del Ejército en agosto de 2013 en la ciudad de Al Arish, capital de la provincia del Norte del Sinaí y en torno a la que se concentra la actividad de los grupos extremistas, lo que causó la muerte de un oficial y ocho soldados.
Según la directora de Justicia Criminal de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Yara Salam, este es el mayor número de ejecutados recientemente en un mismo día, y destacó que los condenados no tuvieron un "un juicio justo".
Asimismo, Salam destacó que las autoridades egipcias "aceleran" este tipo de procedimientos judiciales "con el pretexto de luchar contra el terrorismo" y para demostrar a los ciudadanos que "están castigando a los que llevan a cabo actos terroristas" en el país.
Salam consideró que las ejecuciones de este martes responden a la promesa del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, quien dijo hace pocos días que las fuerzas de seguridad "van a responder con toda contundencia" a los grupos que desafían a su gobierno en el Sinaí, incluida la filial local de la organización terrorista Estado Islámico (EI).
El pasado noviembre, Al Sisi dio un plazo de tres meses al jefe del Estado Mayor, Mohamed Farid Hegazi, para que recupere la seguridad en el Sinaí, después de que se produjera el sangriento ataque contra la mezquita de Al Rauda.
Es frecuente que tras un gran atentado terrorista, contra civiles o contra efectivos de la Policía y el Ejército, las autoridades se apresuren a emitir condenas a muerte y otras sentencias ejemplares.
El pasado verano, 31 personas supuestamente implicadas en la muerte del fiscal general de Egipto, Hisham Barakat, a mediados de 2015, fueron condenadas a muerte por asesinato premeditado y sabotaje, y por pertenecer a un grupo terrorista, en alusión a los Hermanos Musulmanes.
Centenares de seguidores o miembros de la Hermandad han sido condenados a muerte o a cadena perpetua desde que este grupo fue apartada del poder tras el golpe de Estado del 3 de julio de 2013, que derrocó al entonces presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi.
En algunos casos, las condenas a muerte fueron emitidas en juicios masivos, sin las garantías básicas para los procesados, según han denunciado ONG locales e internacionales.
Cinco destacadas organizaciones egipcias condenaron hoy la ejecución de los 15 condenados que, según ellas, fueron torturados para que confesaran los crímenes por los que han sido enviados a la horca.
Otros acusados de terrorismo han sido condenados por tribunales civiles, como Adel Abdelaziz, apodado Adel Habara, ejecutado en diciembre de 2016 por su implicación en un ataque contra las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí en 2013, en el que murieron más de 20 uniformados.
También se han llevado a cabo ejecuciones de criminales comunes, como el pasado mes de mayo, cuando fue ejecutado un joven de 22 años condenado a muerte en la provincia de Minia (sur) por violar y asesinar a una niña de cinco años en marzo de 2014.
Según Amnistía Internacional (AI), en 2016 se llevaron a cabo 44 ejecuciones en Egipto, frente a las 22 de 2015 y las 15 de 2014.
AI señala que las condenas a muerte aumentaron en Egipto de forma sustancial desde el derrocamiento de Mursi.
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