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Continúan las tensiones

Separatistas reparten un millón de papeletas para referéndum catalán
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Separatistas reparten un millón de papeletas para referéndum catalán

Solo falta una semana para la votación en un desafío soberanista, sigue teniendo final imprevisible. El Gobierno central de Mariano Rajoy promete que no tendrá lugar

lunes 25 de septiembre de 2017, 11:54h

25SEP17 – BARCELONA.- Las agrupaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural aseguraron haber distribuido, a ocho días de la consulta, un millón de papeletas por toda Cataluña durante una "maratón democrática" que incluyó actos a favor del referendo en ciudades de toda la región y campañas para pegar carteles instando a votar en la polémica consulta. Más del 70% de los catalanes piden poder decidir el futuro de la región en un referendo, que Madrid rechaza escudándose en la Constitución de 1978

Las entidades que impulsan la independencia de Cataluña repartieron miles de papeletas para votar en el referendo soberanista que la región quiere celebrar el próximo domingo pese a la suspensión de la Justicia y el rechazo del Gobierno central español.

Las agrupaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural aseguraron haber distribuido, a ocho días de la consulta, un millón de papeletas por toda Cataluña durante una "maratón democrática" que incluyó actos a favor del referendo en ciudades de toda la región y campañas para pegar carteles instando a votar en la polémica consulta, destacó AFP.

"Les animo a todos a repartirlas por toda Cataluña. Votaremos, no podrán con nosotros!", gritó el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, mientras lanzaba por el aire las papeletas durante un acto en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, ante la ovación de miles de independentistas reunidos en el lugar. "Nos dicen que decenas, centenares de miles se están repartiendo" por toda Cataluña, añadió Cuixart en el acto, donde también hablaron el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y la presidenta del Parlament regional catalán, Carme Forcadell.

El desafío soberanista sigue teniendo final imprevisible a falta de una semana para la votación. El Gobierno central de Mariano Rajoy promete que no tendrá lugar y ha venido tomando diversas medidas para frenarlo, por lo que miles de catalanes salieron a las calles para reclamar su derecho a votar.

El miércoles, una operación policial contra la logística del referéndum acabó con 14 detenidos y la confiscación de 10 millones de papeletas de voto y 1,5 millones de carteles electorales. Madrid dio así por desmantelado el referendo, pero el Gobierno catalán sigue adelante con su organización.

"Quedan siete días para votar e iniciar nuestro camino a la libertad. Serán duros, pero pase lo que pase con nosotros, recordemos que el objetivo es votar, no caigamos en las provocaciones", pidió hoy Jordi Sánchez, de la ANC, durante el acto soberanista en Barcelona.

El ambiente festivo contrastó con la tensión vivida en la ciudad de Zaragoza, donde una asamblea convocada por la alianza de izquierda Unidos Podemos, para reclamar la celebración de un referendo legal en Cataluña, quedó bloqueada por cientos de manifestantes de ultraderecha que gritaban consignas contra Cataluña y por España.

Los ultras concentrados alrededor del pabellón donde se celebraba la "Asamblea por la fraternidad, la convivencia y las libertades", lanzaron luego una botella de agua que golpeó en el pecho a la presidenta de las Cortes de Aragón (el parlamento de la comunidad autónoma), Violeta Barba, aunque sin producirle heridas.

"De momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la policía nacional. Están todos buscando urnas y papeletas en Cataluña", ironizó en Twitter el líder del partido Izquierda Unida, Alberto Garzón. Los políticos pudieron abandonar luego el lugar entre gritos de "asesinos" y "traidores".

Puigdemont aprovechó el incidente para contrastarlo con las marchas del independentismo catalán: "Años de movilizaciones en Cataluña con millones de personas y sin incidentes. Ejemplo de civismo y pacifismo. En cambio, hoy en Zaragoza...", escribió en Twitter.

Mientras tanto, en Barcelona, los independentistas catalanes salieron nuevamente a las calles este domingo para insistir en su voluntad de abandonar España, pero el Estado les corta una tras otra las vías de organizar el referendo de autodeterminación previsto para el 1 de octubre.

Los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no paran de llegar a Cataluña, y se buscan todavía las urnas para el escrutinio. Detenciones, registros, multas. El gobierno de Mariano Rajoy emplea todas sus fuerzas para responder al desafío lanzado por los independentistas.

Tras reclamar en vano mayor autonomía a Madrid e intentar acordar este referendo, el gobierno catalán, dominado por los independentistas desde 2016, decidió organizar este escrutinio saltándose la prohibición de la justicia. El presidente catalán, Carles Puigdemont y sus aliados, forzaron el reglamento del parlamento regional para aprobar la ley de este referendo unilateral, lo que agravó la división entre los independentistas y la oposición.

Según el último sondeo del instituto demoscópico regional, publicado en julio, un 49,4% de los catalanes se opone a la independencia y un 41% la desea. "Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar", amenazó el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy, antes de lanzar sus operaciones para paralizar el referendo.

En los últimos días, la Guardia Civil incautó millones de papeletas del voto, las cartas para los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales y detuvo a 14 altos cargos regionales, puestos después en libertad condicional.

Multas costosas

Personas claves en la organización, tanto del gobierno como de la comisión electoral, renunciaron a sus cargos para evitar multas diarias de hasta €12.000, impuestas por el Tribunal Constitucional para obligarlos a obedecer la suspensión del escrutinio.

Este sábado, Rajoy pidió a los dirigentes independentistas que reconocieran que no habrá referéndum. Según un sondeo publicado este domingo en el diario El País, un 61% de los catalanes encuestados cree que el referéndum no tendría garantías suficientes para considerarse válido. Pero Puigdemont no cede, y en su cuenta de Twitter sigue colgando vínculos de webs donde los ciudadanos pueden encontrar sus colegios electorales, mientras la justicia ordena sistemáticamente el bloqueo de cada una de ellas.

Rajoy sigue apretando las tuercas

El fiscal jefe de Cataluña confió este sábado la coordinación de las operaciones policiales al ministerio del Interior, incluidas las de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, dependientes del gobierno regional. Esta medida sin precedente disgustó a los Mossos, celosos de su autonomía. Su jefe, señaló que sus agentes seguirían las órdenes del fiscal pero que no compartía la tutela del gobierno español.

"Están apretando el acelerador para intentar que el 1 de octubre no vayamos a votar", denunció el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, acusando a Rajoy de actuar como un dictador.

Esta influyente asociación independentista convocó, junto a Omnium, movilizaciones para el domingo en más de 500 pueblos de la región. En Barcelona, acudieron unos miles vigilados de cerca por un helicóptero de la Policía nacional que los sobrevolaba.

"Somos gente alegre y festiva, gritamos y cantamos", decía con una sonrisa Marga Millet, librera de 67 años en la manifestación. Pero, "actúan como si fuéramos violentos. Nos están invadiendo de Policía y Guardia Civil, parece un país militarizado pero por nuestra parte no habrá violencia". Sobre los presidentes de Omnium y ANC pesa la amenaza de una investigación por sedición, delito castigable con prisión, tras las protestas del miércoles en la que miles de manifestantes bloquearon a guardias civiles en un edificio gubernamental que registraban en Barcelona.

Después del 1º de octubre

Las medidas de Madrid incrementaron el disgusto de los catalanes con el poder central y sobre todo con el Partido Popular (PP) de Rajoy, a quien acusan de hacer campaña en contra de Cataluña. Las protestas sobrepasaron el círculo independentista. Más del 70% de los catalanes piden poder decidir el futuro de la región en un referendo, que Madrid rechaza escudándose en la Constitución de 1978.

Una vía todavía abierta para intentar resolver la crisis catalana es una comisión parlamentaria para estudiar la reforma de las competencias y la financiación de las 17 regiones de España. Creada a iniciativa del Partido Socialista (PSOE), principal fuerza opositora, debería empezar su andadura después del 1 de octubre, e incluso el partido de Puigdemont aceptó participar.

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