Poco antes de las pasadas elecciones presidenciales del 2008, los inmigrantes constituían un colectivo mimado por el entonces partido aspirante a la reelección. Conseguida la renovación, la política del gobierno respecto de estos mismos inmigrantes varió completamente y en pocos meses, anunció medidas que fueron reorientando progresivamente su política migratoria hasta que, en noviembre de 2008, proclamó con gran despliegue informativo, la que se consideraba prácticamente la propuesta histórica para “liberar” a España de por lo menos -y segun las iniciales y optimistas estimaciones de los responsables del gobierno-, un millón de inmigrantes.

Este plan de retorno voluntario pretendía incentivar el regreso a sus países de origen de los inmigrantes no comunitarios con el cebo de ofrecerles el pago de golpe, de las cantidades a que tuvieran derecho como prestación del seguro de desempleo. Eso sí, bajo ciertas condiciones, a saber: pago del 40% del monto al que tuvieran derecho aquí en España, y el 60% restante en sus países de origen un mes después del regreso. Además, debían renunciar a su permiso de residencia y comprometerse a no regresar a España en un plazo de tres años como mínimo.

Cuando se anunció esta medida, prácticamente todas las agrupaciones de inmigrantes reaccionaron de manera muy poco optimista ante tal ofrecimiento ya que el mismo significaba en pocas palabras, echar por tierra todo lo conseguido en años de duro trabajo en España y no consideraba para nada, el impacto social y económico que significaba la desestabilización de las familias ya asentadas en territorio español y las consecuencias sicológicas para los hijos de esas familias muchos de los cuales habían nacido y pasado sus primeros años en España.

Todo lo anterior, dicho sin tomar en cuenta para nada, que la situación económica en los países originarios de estos inmigrantes estaba –con seguridad-, en mucho peores condiciones que las que se viven en España como resultado de la crisis global que afecta al mundo entero pero, ¿Cómo ha discurrido este plan-estrella del gobierno hasta la fecha?. Según los organismos oficiales, hasta hace algunas semanas, poco más de 4.000 (cuatro mil) inmigrantes en paro se habían acogido a este plan, cifra que resulta ridícula si la comparamos con los cientos de miles que esperaba el gobierno al inicio del plan si bien es preciso reconocer que con el paso de los días, el mismo gobierno fue gradualmente bajando sus propias estimaciones hasta fijarlas en una cifra que rondaría las 80 mil personas. No obstante, considerando la última cifra estimada por el gobierno y las reales conseguidas a la fecha, debemos concluir que el fracaso de este publicitado plan es estrepitoso.

Como dijimos en las páginas de nuestro periódico en repetidas ocasiones en los últimos meses, las causas para el rotundo fallo de este plan son simples y no hay que esforzarse mucho para dar con ellas: La primera, es que el incentivo económico ofrecido a los inmigrantes era muy bajo. Quizás las autoridades gubernamentales no lo sepan pero era y es de común ocurrencia, que los trabajadores inmigrantes en su gran mayoría, están y estaban contratados con salarios en nómina muy bajos y que para redondear sus ingresos, las empresas acostumbraban y acostumbran, a acudir al llamado “pago en negro” y eso, cualquiera que conozca como funciona mínimamente el sistema de contrataciones para los inmigrantes por parte de una gran mayoría de empresas, lo sabe.

¿La consecuencia de este procedimiento? El cálculo de la prestación por desempleo con estas nóminas “trucadas” era obviamente muy bajo. Por otra parte, no hay que olvidar que una gran masa de trabajadores inmigrantes emergió al contrato de trabajo legal a partir de la última regularización de hace pocos años con lo cual, su antigüedad en nómina a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo era también, muy baja.

La segunda causa para el poco interés demostrado de manera mayoritaria por los cientos de miles de inmigrantes desempleados, es el incierto futuro al cual se enfrentarían una vez de regreso en sus países de origen ya que de manera previa, no hubo un plan coordinado ni concertado por la administración española con esos gobiernos para facilitar el regreso, la reinserción laboral y profesional y, muchos menos, un abanico de eventuales facilidades crediticias, tributarias, subvenciones o cualquier otro incentivo destinado a hacer más atractivo el retorno de los inmigrantes desde España.

La mayoría de los inmigrantes ha luchado mucho para conseguir sus “papeles” y no era cuestión entonces, de “tirar todo por la borda” y cambiar lo conseguido por unos pocos miles de euros que se diluirían como arena entre los dedos, en los mínimos gastos de reinstalación de la familia al regreso al país de origen.

El trabajador inmigrante aunque castigado por el paro incluso más que el trabajador autóctono tiene sin embargo, una relativa ventaja frente a éste ya que mientras al trabajador inmigrante no le importa cambiar de lugar de residencia si ello conlleva la obtención de un empleo, el nativo prefiere no moverse de su lugar de residencia habitual para no perder su entorno familiar y social.

Puestas así las cosas, el trabajador inmigrante cree firmemente que aún en las peores condiciones de subsistencia en España, estará en términos generales, mejor que en su propio país por cuanto cree –no sin razón-, que por el amplísimo mercado laboral y la propia dinámica de la economía española, siempre le será mas fácil conseguir un empleo para “ir tirando” hasta que las cosas se compongan.

En más de un artículo anterior y con referencia a este mismo tema, afirmamos que el Plan de Retorno Voluntario fracasaría porque al diseñarlo, quienes lo hicieron lo proyectaron sin tomar contacto “con la calle” y con la verdadera problemática del inmigrante y, vistos los resultados, podemos concluir que este plan para aliviar de inmigrantes al país ha sido más que nada, una estrategia política y de imagen del gobierno, para el estricto consumo de la opinión pública española.