Como era de esperar, el gobierno rechazó toda implicación en los hechos (¿qué otra cosa podía hacer?) y anunció que el presidente no dimitiría a causa de éste escándalo.

La difusión del contenido del video provocó una fuerte conmoción en el país centroamericano y grupos de ciudadanos se concentraron para exigir tanto la dimisión del presidente Álvaro Colom como el máximo rigor en la investigación del asesinato de este abogado, un prestigioso profesional ampliamente conocido en aquel pequeño país.

Por su parte, la ONU declaró que investigará a fondo toda la trama que rodea este delicado asunto y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) colaborará en la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, dado que se trata de un caso "que afecta la gobernabilidad del país", según anunció el fiscal español Carlos Castresana, que dirige esa misión auspiciada por la ONU.

Rosenberg, fue tiroteado y asesinado y horas después, salía a la luz un vídeo en el que el propio abogado, anticipaba su asesinato y culpaba directamente al presidente guatemalteco, Álvaro Colom; a su mujer, Sandra, y a varios funcionarios, a los que acusaba de desvío de fondos y lavado de dinero en el Banco Rural de Desarrollo (Banrural), la principal entidad bancaria del país. Esta trama, añadía Rosenberg, estaba también detrás del asesinato, un mes antes, del empresario Khalil Musa, miembro de la junta directiva de Banrural, con quien Rosenberg sostenía una relación profesional y de amistad.

El vídeo desató una tormenta política sin precedentes. Todos los sectores exigen una investigación independiente y las miradas se han dirigido a la Cicig, depositaria de las escasas esperanzas de que se llegue al fondo del asunto en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes. El margen de maniobra, sin embargo, no es amplio: la contraparte es una fiscalía y un sistema judicial sin la menor credibilidad.

Hace unos días, el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza visitó Guatemala y sus declaraciones al término de su visita resultaron blandas, descafeinadas y en modo alguno, en consonancia con la gravedad de las acusaciones vertidas por el extinto abogado Rosenberg. Insulza ha preferido referirse a las divisiones que existen en la sociedad guatemalteca destacando la necesidad de superar la situación actual. "La peor manera de lograrlo es creando inestabilidad en el país", afirmó el titular de la OEA en referencia a las manifestaciones a favor y en contra del presidente que vienen sucediendo en los últimos días.

"Valoro que la juventud se manifieste y que todo el mundo se manifieste, que dé su opinión porque siempre es mejor tener gente que se movilice y se exprese para que todas las opiniones sean conocidas, pero esto debe hacerse dentro del marco de la institucionalidad que los países tienen", terminó diciendo un Insulza que ha decepcionado a quienes esperaban una reacción más fuerte y más comprometida con la búsqueda de la verdad en un caso tan grave como el ocurrido en un país que no consigue estar a la altura de naciones progresistas y con un alto nivel de eficacia y respeto por las leyes y los derechos de los ciudadanos.

Lo dicho por Insulza, comentaba un analista político -conocedor de la realidad guatemalteca- vienen a ser frases de buena crianza de una obviedad que no admite ningún análisis y llama la atención que aún, con la tremenda gravedad y repercusión política que este hecho ha tenido, pareciera que todo lo ocurrido es menos grave e importante que otros hechos de política contingente que ocurren a diario en otros países iberoamericanos y que �sorprendentemente-, obtienen una proyección mediática mucho más importante.

Al tiempo que grupos de ciudadanos guatemaltecos exigen una investigación de los hechos a fondo, los sectores afines al gobierno y en especial al entorno del presidente Álvaro Colom insisten en que lo ocurrido con Rosenberg, es parte de un plan premeditado para desestabilizar al gobierno y que el propio abogado Rosenberg, además de formar parte de esa especie de conjura interna, fue una víctima de este mismo plan de desestabilización del gobierno que no se sabe muy bien �puesto que quienes defienden esta teoría no lo han explicado con claridad- en que consistiría o cuales serían sus objetivos finales.

Guatemala es un país violento donde la vida de una persona vale muy poco. Para hacerse una idea de cómo la violencia está presente en la vida diaria de aquel país, baste señalar que en 2008, se produjeron 6.200 asesinatos (un promedio de 17 muertes diarias en un país de poco más de 12 millones de habitantes) y donde se estima que hay más de medio millón de armas de fuego que no están registradas de manera oficial y donde las bandas de narcotraficantes, los pandilleros juveniles (los llamados “maras”, famosos por su brutalidad y violencia) campan a sus anchas sin que la policía �siempre sospechosa de altos niveles de corrupción- y un sistema judicial absolutamente desprestigiado por la historia reciente del país, puedan hacer nada por proteger los derechos o la vida de los ciudadanos comunes y corrientes o de aquellos que no tienen ningún tipo de respaldo o influencia, que son la inmensa mayoría del país.

En cualquier otro país, un suceso de esta naturaleza habría derribado al gobierno desde el presidente al último ujier de las oficinas administrativas. En Guatemala no.
¿Llegará a esclarecerse este asesinato? Los observadores más objetivos señalan que es altamente improbable y que el tiempo y la dilación en las investigaciones, los múltiples entramados de la corrupción política y administrativa harán que el caso pase al olvido �infelizmente-, muy pronto.