Los distintos organismos del sector público catalán han podido comprobar como a lo largo de este viernes los bancos con los que operan ya no les exigían para tramitar sus transferencias el documento de declaración responsable conforme no destinan el dinero al proceso independentista.
"Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Catalunya pueda abordar los pagos que corresponden al gobierno autonómico sin tener que pasar por la supervisión de Hacienda", ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El conseller de Economía, Pere Aragonès, había notificado a los distintos departamentos de la Generalitat que la intervención finalizaba este lunes al levantarse las medidas del artículo 155, pero no ha sido hasta este viernes que Hacienda lo ha hecho efectivo con la notificación a los bancos. Celaá ha calificado la medida como un gesto de "normalización política" y de "confianza", aunque ha añadido que esto no implicará que "el gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".
Con todo, la medida no significa que las cuentas de la Generalitat dejen de estar supervisadas por Hacienda. A nivel financiero, pese al levantamiento del 155 la Generalitat sigue sometida a un férreo control del ministerio de Hacienda gracias a las medidas aprobadas en noviembre de 2015 por Cristóbal Montoro para evitar las "veleidades" independentistas. Entre ellas destaca el certificado mensual en el que la interventora de la Generalitat deja constancia que todo el gasto de la administración catalana no es contrario a la Constitución.
Además, desde hace más de dos años, a cambio de prestar a la Generalitat fondos para hacer frente a los pagos de proveedores, Hacienda puede vigilar telemáticamente las facturas de la administración catalana. Y desde 2015 la Generalitat también tiene prohibido endeudarse a no ser que lo apruebe Hacienda.
298 entidades del sector público
Durante casi nueve meses, la hacienda catalana ha estado sometida al control del Ministerio de Hacienda por orden del exministro Cristóbal Montoro, para impedir que la Generalitat destinara recursos a la celebración del referéndum del 1-O. Así, un total de 298 entidades del sector público -desde universidades a hospitales, de centros de investigación a agencias públicas- han tenido que realizar sus pagos y contrataciones siempre adjuntando el 'certificado de legalidad'.
La medida provocó un auténtico caos en los pagos durante los primeros días de aplicación, hasta que Hacienda puso en marcha una web con información y documentación para descargar, como el modelo de declaración responsable para proveedores de la administración o los propios órganos de contratación catalanes.
Pau Rodríguez
Eldiario.es
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