Los que quedaron en libertad serán citados por el juez del caso en los próximos días, entre ellos Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que agrupa ayuntamientos afines al nacionalismo catalán, explicó Efe.
Entre los detenidos figura el exdirector de Relaciones Internacionales de la diputación provincial Jordi Castells, que actualmente es subdirector regional de Cooperación Local de Cataluña.
También fueron detenidos Víctor Terradellas, antiguo responsable de Relaciones Internacionales del partido nacionalista catalán CDC, y Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.
Los agentes efectuaron dos docenas de registros en la propia Diputación, empresas y otras entidades en varias localidades catalanas. En la operación, llamada "Estelada", se investiga una supuesta trama de fraude en ayudas públicas para proyectos de cooperación concedidas irregularmente, principalmente a través de la fundación catalana CATmon y la ONG Igman.
Algunas de las empresas y organizaciones investigadas habrían tenido participación en el proceso independentista ilegal catalán, pero el juez del caso, Joaquín Aguirre, centra las pesquisas, por el momento, en la presunta adjudicación irregular de las subvenciones.
Aguirre vincula al diputado de la coalición electoral independentista JxCAT Francesc Dalmases con CATmon e Igman, ya que es socio fundador de la primera y presidente de la otra.
A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países, según fuentes de la investigación.
En concreto, CATmón, Igman o Discatimat emitían, supuestamente, facturas falsas por servicios que no prestaban, para acabar recuperando el dinero de forma ilegal mediante reintegros en efectivo.
El juez sospecha que Jordi Castells presionó a funcionarios de la Diputación de Barcelona para que redactaran informes favorables a la concesión de tales ayudas, pese a que su dictamen inicial era desfavorable. Algunas de las entidades beneficiadas están vinculadas a alcaldes del partido independentista catalán PDeCAT, según el auto del juez.
Según Aguirre, Catells "interviene en todos los contratos otorgados" desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación, de la que fue responsable aquellos años. En opinión del magistrado, del supuesto entramado también formaban parte los alcaldes de Tordera (Barcelona), Joan Carles García, y de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ambos miembros de Diputación de Barcelona.
"Todo ello relaciona a funcionarios de la Diputación de Barcelona con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvenciona de manera absolutamente irregular", señala el juez, que apunta que es "muy probable" que en la actualidad Castells siga teniendo "relaciones personales y profesionales" con los otros sospechosos.
Además, según el juez, algunas personas físicas cobraron subvenciones "utilizando diferentes entidades (por ejemplo, como persona física y como entidad sin ánimo de lucro)", para poder percibir así más del límite de 18.000 euros establecido para cada subvención.
También cree que la justificación de las subvenciones es "sumamente deficiente" o se presenta una vez recibida la ayuda, entre otras irregularidades. Esto permite pensar en una concesión "directa" de fondos públicos para actividades privadas o fines públicos diferentes o ajenos a los de cooperación para el desarrollo internacional de comunidades pobres.
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