En esa lista, sin embargo, no aparece por el momento Javier Ramos, actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y una de las dos personas que señala directamente la catedrática Ángela Figueruelo en la querella que ha dado origen al caso y a la que ha tenido acceso eldiario.es. La querella apunta también al director del Instituto de Derecho Público de la citada Universidad, Enrique Álvarez Conde, quien sí aparece entre la decena de primeros investigados.
Javier Ramos ha sido mencionado en las primeras declaraciones ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel. La profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de la falsificación de las firmas del acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM), ha declarado que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, le trasladó: “Arreglad esto o el rector y la presidenta os matan”.
La propia Cristina Cifuentes le dirigió una carta a Ramos antes de dimitir, filtrada a los medios, en la que le responsabiliza de la falsificación del acta de su Trabajo de Fin de Máster. Como recordaba la entonces presidenta en la carta, el acta del TFM con las firmas falsificadas salió de una dirección electrónica del Rectorado que dirige Javier Ramos.
La querella de Figueruelo, sin embargo, considera que es su comparecencia pública junto a Álvarez Conde, el mismo día que eldiario.es reveló que Cifuentes había aprobado su máster con notas falsificadas, la que le coloca en el disparadero.
“Don Enrique Álvarez Conde ha comparecido, además, junto al rector actual de la Universidad Rey Juan Carlos, en distintas ruedas de prensa para dar explicaciones en relación con irregularidades aparecidas en relación el Máster objeto de esta querella. Es decir, los máximos responsables de ambas instituciones (el Instituto de Derecho Público y la URJC) se han erigido en vocales en relación con las irregularidades apreciadas en dicho máster”, recoge la querella.
En aquella comparecencia, tanto Álvarez Conde como el rector intentaron salvar a Cristina Cifuentes defendiendo la regularidad de su máster. Ante la avalancha de evidencias, el rector rectificó y acusó al director del Instituto de Derecho Público y al profesor Pablo Chico de la Cámara, también imputado, de engañarle para hacer creer que se había actuado correctamente.
Ángela Figueruelo es una catedrática de la Universidad de Salamanca que decidió llevar a los tribunales el caso Cifuentes tras conocer por eldiario.es que su firma estaba en un acta de convalidaciones que ella nunca rubricó. Ese movimiento fue la mecha que prendió la investigación, ralentizada hasta entonces por la Fiscalía madrileña. En seis días, la querella fue a reparto, recayó en el Juzgado de Rodríguez-Medel y ésta la admitió a trámite.
La Fiscalía se liberaba así del asunto al estar obligada a trasladar sus diligencias al juzgado competente cuando aún restaba una semana para que dimitiera Cifuentes. En el mes transcurrido entre la presentación de una denuncia por asociaciones de estudiantes al Ministerio Público y el fin de la investigación de ésta, solo hubo una toma de declaración a una profesora, que la fiscal encargada del caso hasta entonces, Margarita Rossignoli, encargó a una unidad de la Policía que tiene adscrita.
La querella de Figueruelo es subsidiariamente una denuncia, al no poder detallar la identidad de las personas que falsificaron su firma. Pero deja claro que “los hechos objeto afectan a dos entidades directamente relacionadas con ellos (y vinculados al menos a la responsabilidad civil derivada de los mismos”: la entidad Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo director es Enrique Álvarez Conde, y la propia URJC, cuyo “representante legal es su rector, don Javier Ramós López”. Se da la circunstancia de que en este momento la Universidad está personada en la causa como acusación.
Firma "falsificada" de la querellante
eldiario.es publicó el 10 de abril que Cifuentes aprobó tres asignaturas con firmas falsificadas en el acta de convalidaciones. Una de las firmas era supuestamente la de Figueruelo, “falsificada”, según la querella. "Reunida la comisión de Garantía de Calidad del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico, el día 24 de mayo a las 12h, certifica que los siguientes alumnos y alumnas han convalidado…", recogía el documento publicado con las firmas falsas.
“Doña Ángela Figueruelo Burrieza en ningún momento ha formado parte del Personal Docente y de Administración del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico que imparte el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Y jamás ha formado parte de ningún tipo de Comisión de Garantía de Calidad relacionada con el mencionado máster”, asegura su abogado en la querella.
Figueruelo, que es vocal de la Junta Electoral Central, pertenece al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero asegura que nunca ha impartido asignaturas en el máster cursado por Cristina Cifuentes. Limita las relaciones que ha mantenido con Álvarez Conde, Souto y Rosado a "colaboraciones científicas" porque todos son abogados constitucionalistas. "He ido [a la Rey Juan Carlos] y han venido a [la Universidad de Salamanca] para dar conferencias dentro de la legalidad más absoluta", declaró a eldiario.es cuando este medio se puso en contacto con ella, antes de la publicación de la noticia.
Pedro Águeda
Eldiario.es
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