Según un escrito que ha dirigido al director del organismo, Enrique Álvarez Conde, al que ha accedido eldiario.es, su renuncia se produce "por la crisis de confianza" ante "las ultimas informaciones publicadas" sobre la manera en que se gestionó el curso de Derecho Autonómico la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.
Nuño explica que asumió ese cargo de manera "no estatutaria" con la idea de aportar "perspectiva de género" al trabajo del instituto. "Es una decisión personal que no tiene que ver con responsabilidades de ningún tipo porque ni siquiera las tenía en el instituto, sino con la quiebra de confianza" que ha provocado, asegura en conversación con eldiario.es.
Nuño se desmarca del caso que estalló el pasado 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó que Cristina Cifuentes había obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos un máster con notas falsificadas. La hasta ahora subdirectora del Instituto de Derecho Público asegura que "ni siquiera sabía que [la presidenta] fuera alumna del máster" y reitera que su dimisión "no tiene que ver con su responsabilidad en este asunto, que son cero".
Nuño fue candidata al Senado en las elecciones generales de 2011 por Izquierda Unida - Los Verdes y concejala en el pueblo madrileño de San Agustín de Guadalix durante dos años. Fue militante de la formación, pero fue expulsada durante el proceso de escisión de IUCM.
Esta docente fue nombrada por Enrique Álvarez Conde a finales del año pasado como subdirectora del Instituto de Derecho Público, un organismo que opera como una empresa opaca con dinero público creado en 2001.
El nombre y la firma de Nuño ha aparecido en las actas que daban por convalidadas tres asignaturas a Cifuentes. Documentos firmados en mayo de 2012 y cuyas rúbricas fueron falsificadas, según han declarado algunos de los docentes implicados y el examen caligráfico de la perito Rosario Caas. "No recuerdo firmar el papel y no es mi firma", asegura Nuño sobre este documento. La perito calígrafo confirma que no parece su firma porque, en efecto, no lo es.
La docente de la Universidad Rey Juan Carlos afirma que "no sabía nada" de la existencia de estos papeles, que cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público.
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