La isla, que está ubicada al sur de Manila, será clausurada desde el 26 de abril. Esta medida fue tomada por la contaminación generada por los turistas y los hoteles. En 2017 cerca de 2 millones de personas visitaron la costa de 1.032 hectáreas.
Tras una reunión con su gabinete, Duterte firmó la orden de clausura por recomendación de los departamentos de Recursos Naturales, Turismo e Interior para solucionar los problemas medioambientales que sufre Boracay. La amenaza de cierre de este destino comenzó en febrero, cuando el mandatario calificó la isla como una "cloaca.
A partir de este momento se analizaron varias opciones. La primera era clausurar la isla por dos meses (de julio a agosto). La segunda era un cierre por fases y poder mejorar el sistema de alcantarillado que evite que los hoteles, resorts y otros establecimientos emitan al mar vertidos de forma ilegal.
Sin embargo, los tres ministerios recomendaron al presidente de forma unánime que cerrara completamente Boracay durante seis meses, lo que tendrá un impacto importante en empresarios y trabajadores de la isla. Se cree que cerca de 36.000 personas verán afectados, mientras las pérdidas podrían alcanzar los 56.000 millones de pesos (1.070 millones de dólares).
Las últimas semanas empresarios y trabajadores de Boracay han protagonizado frecuentes protestas para exigir al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical. Cabe resaltar que, en febrero el gobierno dio vía libre a la empresa china Macao la licencia para realizar un proyecto de construcción de un resort y casino por 500 millones de dólares.
En cuanto al plan de saneamiento de la isla -se prevé que sea necesario diseñar un segundo sistema de alcantarillado, ensanchar la avenida principal y derruir establecimientos ilegales- de momento no se han presentado proyectos concretos a solo 21 días de hacerse efectivo el cierre.