Fuentes del Ejecutivo reconocen que aún no saben el origen de las finanzas del expresidente de la Generalitat de Cataluña. "Lo estamos investigando, y lo sabremos", asegura un funcionario bajo anonimato citado por el diario madrileño ABC.
El palacio de La Moncloa advierte que no permitirá que el prófugo Puigdemont se financie con el erario público español.
Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno de Rajoy, aseguró que las estructuras paralelas que Puigdemont pretende organizar fuera de España para gobernar una Cataluña independiente no existen ni existirán. "No existen esas estructuras paralelas, es imposible", señaló, destacó ABC.
Sobre la posibilidad de que Jordi Sánchez, en prisión provisional, sea propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, Méndez de Vigo explica que el Ejecutivo no permitirá otra burla a la ley. "No lo vamos a consentir", destacó desde Madrid, acotó ABC.
El Tribunal Constitucional reolvió que no puede haber una investidura a distancia ni de Puigdemont ni de Sánchez ni de Oriol Junqueras, preso en Barcelona.
Puigdemont apela a la ONU
Puigdemont llevó a España ante Naciones Unidas por "violar" sus derechos políticos, un nuevo asalto en la "batalla sobre la escena internacional" de los independentistas para forzar al gobierno español a negociar.
"Puigdemont decidió llevar su combate sobre la escena internacional", anunció en Bruselas su abogado, Ben Emmerson, avanzando demandas similares "cada mes" hasta que "Madrid se convenza por fin de que debe entablar verdaderas negociaciones con la dirección del movimiento independentista catalán".
El expresidente regional, destituido por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy tras el intento de secesión del 27 de octubre, anunció el jueves la presentación de la demanda ante la ONU, poco después de renunciar temporalmente a su reelección para facilitar la formación de un gobierno independentista.
La demanda se presentó, poco después de su discurso, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisó el abogado británico, para quien con esta acción buscan que este organismo de la ONU reconozca una "violación" de los derechos políticos de Puigdemont por parte de las autoridades españolas.
Una portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza) confirmó que recibieron "una comunicación en nombre del señor Puigdemont contra España", sin detallar su contenido.
Este organismo debe ahora examinar la validez de la demanda, en cuyo caso pedirán al gobierno español sus observaciones. A continuación, en base a los argumentos de ambas partes, los expertos del Comité decidirán si la demanda es "admisible". Una eventual condena puede tomar de algunos meses a pocos años.
Doblete en la ONU
La demanda interpuesta por el líder independentista, instalado en Bélgica a fines de octubre días después que Madrid tomara el control del gobierno regional, se enmarca en una campaña más global con la que intentan llevar la crisis política en España a la escena internacional.
Los independentistas no lograron por el momento recabar el apoyo internacional que esperaban. Tras el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre, contra la opinión de la justicia española, la Unión Europea (UE) ha cerrado filas con el Gobierno de Rajoy y la legislación española.
La batalla se desplaza ahora a Naciones Unidas. A principios de febrero, los abogados de tres líderes independentistas encarcelados en España en el marco de la causa abierta por el intento fallido de secesión anunciaron una demanda ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.
En la nueva solicitud, Puigdemont, quien advirtió este viernes que "la rendición no forma parte de [su] vocabulario", dice que "el efecto acumulativo de las medidas legislativas, judiciales y ejecutivas adoptadas por las autoridades españolas" le han forzado a renunciar a su reelección.
Aunque en el documento de casi 50 páginas realiza un repaso a los acontecimientos en Cataluña desde que en 2010 el Tribunal Constitucional anulara una parte del Estatuto de Autonomía regional tras un recurso del partido de Rajoy, los hechos relatados se centran en los últimos meses de 2017 y en 2018.
Luego de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, las fuerzas independentistas, mayoritarias en la cámara regional, acordaron investir a Puigdemont como presidente, aunque el Tribunal Constitucional español condicionó esta reelección.
El alto tribunal señaló que el líder de Juntos por Cataluña (derecha), que hace frente a una orden de detención en España acusado de rebelión y sedición, debía primero entregarse ante el juez Pablo Llarena y contar con su permiso para presentarse.
"Sus derechos a la participación política, a la expresión política y a la asociación política", recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "se han visto totalmente violados", señala la demanda.
A la espera de una eventual admisión de la demanda, que a juicio de sus abogados debería ser con carácter de urgencia, el líder catalán pretende mantener un papel en la política regional desde Bélgica como presidente del Consejo de la República.
Esta especie de gobierno exterior, que se centraría en labores de diplomacia en el marco de una estructura bautizada como "Espacio Libre de Bruselas", se coordinaría con el de Barcelona, a cuyo frente propuso al expresidente de la influyente asociación Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, en prisión provisional.
Si (
No(
