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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en el Debate sobre el Estado de la Región de 2009. / madrid.org
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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en el Debate sobre el Estado de la Región de 2009. / madrid.org

Granados responsabiliza a Aguirre y González de la política de amaños

  • El exconsejero de Presidencia asegura que Aguirre controlaba los nombramientos de Arpegio y el reparto de fondos de Prisma
  • Insiste en que no tiene dinero procedente de mordidas y niega las acusaciones de Marjaliza sobre el amaño de contratos

lunes 12 de febrero de 2018, 13:27h

12FEB18 – MADRID.- El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados se ha sentado este lunes delante del juez de Púnica para hablar de la presunta financiación ilegal del partido. El cabecilla de la trama declara a petición propia y tiene previsto admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Así lo señalan fuentes próximas al exconsejero de Presidencia, que inciden en que Granados reconocerá ese sistema de financiación en negro, pero apuntará a que no era de su exclusivo control, sino que por encima de él estaban Aguirre y González. Las mismas fuentes señalan que mantendrá la incógnita sobre si señalará a la actual dirección del PP, incluida la presidenta Cristina Cifuentes.

Granados ha utilizado el comienzo de su declaración para sacudirse las acusaciones de su antiguo socio, David Marjaliza. Ha negado haber intercedido en licitaciones de grandes concursos públicos a cambio de mordidas, como sostiene el empresario.

Marjaliza declaró hace unos días en la Audiencia Nacional que las obras de ampliación de líneas de Metro de Madrid se amañaron a cambio de 3,6 millones de euros en mordidas. Él se llevó 1,2 millones, Javier López Madrid otro 1,2 y Granados la misma cantidad, que exigió que se le pagase en metálico.

El exconsejero de Presidencia también ha negado que el dinero que guardaba en Suiza procedía de su etapa en el banco Société Générale, como ya ha dicho en sus declaraciones anteriores. Nada de lo que tenía en el extranjero procedía del cobro de mordidas a cambio de amañar concursos públicos, ha insistido.

Tras defenderse en la misma línea que en sus declaraciones anteriores, Granados ha relatado que Aguirre y González controlaban todos los nombramientos de las empresas públicas investigadas en la Púnica. Así, ha relatado que en Arpegio, la que gestionaba el suelo público regional, cedió su control a Eduardo Larraz por indicación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, ha explicado que Aguirre cambió el sistema de financiación de Prisma para que los fondos para nuevas obras se entregasen a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Según Granados, Aguirre expresó su descontento con que los ayuntamientos del PSOE utilizasen ese dinero para obras a cuyas inauguraciones no era invitada. Optó entonces por realizar las obras desde la Comunidad de Madrid y poder inaugurarlas ella para no ceder el rédito político de esos proyectos.

Granados solicitó declarar voluntariamente y tras cada nueva revelación del caso que apuntaba a una existencia de una caja B bajo su control, el expolítico ha enviado escritos al juzgado pidiendo que se impute a antiguos altos cargos del partido como Aguirre, González o Cifuentes, además de otros cargos intermedios como Borja Saralosa o José Ignacio Echeverría.

Una caja B para las elecciones

Tras su detención en 2014, los agentes encontraron a Granados una agenda con diferentes anotaciones, que durante estos años se ha encargado de interpretar su antiguo socio, David Marjaliza. Durante todo este tiempo, Granados ha negado que esas anotaciones reflejasen entregas en efectivo de empresarios, ni que reflejasen un sistema de financiación en negro.

Es la primera vez que Granados se ha sentado ante el juez de Púnica desde que abandonó el pasado mes de junio el régimen de prisión provisional, donde había pasado dos años y medio, y la tercera desde que fue detenido. En este tiempo ha afrontado un juicio por el chivatazo que le dio un Guardia Civil y que se ha saldado con una codena de dos años de cárcel.

Este lunes responderá sobre la pieza principal de la trama, la que investiga los métodos de financiación irregular del PP de Madrid. Hace unas semanas, el juez decidía incorporar a esta causa las pesquisas del caso Lezo sobre la financiación ilegal del partido, en concreto en los comicios de 2007 y 2011.

En ambas convocatorias electorales se recurrió al mismo método para inyectar dinero en las cuentas del partido: se recurría a empresa para que abonasen la deuda del PP con los proveedores. En el caso de 2011, se utilizó ICM para que, a través de Indra pagase a las empresas con las que el partido tenía deudas.

El juez señala que en ambas elecciones la mecánica de financiación ilegal contó con prácticamente los mismos protagonistas. Por ejemplo, Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de ICM, Borja Sarasola, diputado regional del PP, y los dueños de las empresas instrumentales. En el organigrama solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.

Además, García Castellón ya ha apuntado en otras ocasiones que el PP de Aguirre tenía bajo su control una contabilidad diseñada 'ad hoc' para ocultar la caja B. Los empresarios imputados en la trama colaboraban con "la ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del PP de Madrid".

Marcos Pinheiro / Pedro Águeda

Eldiario.es

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