Este 2017 cerrará como el año de la mayor crisis política de España

Otras noticias importantes del año, como el juicio del "caso Gürtel", relacionado con una posible financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, o el desarme del grupo independentista vasco ETA el pasado abril, quedaron eclipsadas por la crisis catalana. Las elecciones convocadas en la región por el Gobierno español de Rajoy para tratar de frenar el proceso impulsado por el Ejecutivo catalán pondrán el próximo 21 de diciembre el broche a un 2017 convulso en el que los cuatro últimos meses han sido de infarto, destacó DPA.

A las urnas concurren tanto los partidos catalanes independentistas como los que están a favor de la unidad de España. Según los sondeos, los resultados pueden ser muy ajustados, lo que dejaría un escenario sin mayoría absolutas y con dificultades para formar Gobierno. Las promesas del Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont a los grupos separatistas empezaron a materializarse a principios de septiembre, cuando el Parlament catalán aprobó entre irregularidades las dos leyes que buscaban avalar legalmente la celebración de un referendo de independencia y el proceso hacia una Constitución catalana.

Horas después, el Govern daba uno de los pasos clave en el proceso independentista catalán al firmar la convocatoria de la consulta, que posteriormente fue prohibida por el Tribunal Constitucional español. Siguieron días de operaciones policiales contra el referendo, cierre de páginas web, incautaciones de papeletas e incluso detenciones. Pese a que el Gobierno de Rajoy dio por desmantelada la consulta, el 1 de octubre miles de personas salieron a la calle para tratar de votar en los 2.315 locales electorales ubicados en toda la región.

Entre una gran tensión, la Policía española actuó para impedirlo, lo que derivó en enfrentamientos entre agentes y votantes que dejaron heridos (más de mil según el Govern) e imágenes que dieron la vuelta al mundo en las portadas de diarios como The New York Times, el francés Libération o el británico The Guardian.

Esa misma noche, en la que se contabilizaron 2,2 millones de votos con un 90% a favor de la independencia, Puigdemont aseguraba que los catalanes se habían ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. El rey Felipe VI, en un gesto sin precedentes en su reinado y tras una jornada de huelga en Cataluña en protesta por las acciones policiales, lanzó dos días después un mensaje televisado a los españoles en el que alertó de la extrema gravedad de la crisis y pidió al Estado asegurar el orden constitucional.

Mientras el mundo entero miraba a Cataluña entre el escepticismo y la preocupación, la región empezaba a acusar las primeras consecuencias: fuga de empresas, caída del turismo, advertencias sobre el efecto negativo del "procès" independentista en la economía... En medio de la incertidumbre, el 10 de octubre Puigdemont hizo el amago de declarar la independencia de Cataluña. Pero la ilusión y las esperanzas de los separatistas, congregados en Barcelona junto al Parlamento catalán, duró apenas unos segundos: los que el entonces jefe del Ejecutivo tardó en aclarar que suspendía sus efectos para buscar el diálogo con Madrid y la mediación de Europa en la crisis.

Esa mediación nunca llegó. "Si permitimos que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gustaría", llegó a decir el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Tras dos semanas de mensajes cruzados entre Cataluña y Madrid, sin que ninguna de las dos partes cediese, el Parlament aprobó iniciar un proceso para crear una república independiente. Rajoy lo interpretó como una declaración unilateral de independencia y, ese mismo día, en una comparecencia histórica, anunció la destitución del Govern, la asunción de sus funciones y la convocatoria de comicios.

Al culebrón catalán que había atrapado la atención de medio mundo le quedaba todavía un inesperado giro de guión. Ante la querella interpuesta por la Fiscalía contra todo el Govern, por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, Puigdemont se trasladó a Bélgica junto a varios miembros de su gabinete.

El resto, nueve ex consejeros, acudieron a declarar ante la Justicia española y fueron enviados a prisión de forma provisional. Uno de ellos salió al día siguiente tras pagar una fianza y seis lo hicieron un mes después, quedando en la cárcel el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn, dos de los rostros más conocidos del Govern.

Tras la destitución del Ejecutivo de Puigdemont, el nudo provocado por el desafío separatista se ha ido desenredando poco a poco, pero el año termina sin que se aclaren todos los interrogantes. ¿El principal? Si de las elecciones del día 21 saldrá un Gobierno independentista o no, o si habrá que repetir los comicios en 2018.