Cataluña: después de la tormenta no viene la calma

Cuando el Parlamento catalán aprobó la ley del referéndum, el 6 de septiembre pasado, el gobierno central de España, encabezado por el presidente Mariano Rajoy, se propuso no permitir las votaciones. Los catalanes salieron a protestar. “El mayor promotor de las manifestaciones, e incluso del independentismo, ha sido el gobierno español”, dijo Vanessa Soro, una de las manifestantes. Para muchos, la independencia ni siquiera era el meollo del asunto.

Su asunto, en cambio, sí era oponerse al gobierno de Rajoy, a quien Carles Puigdemont, presidente catalán, ha acusado de “ser el guardián de la tumba de Franco”. Y si de algo quieren separarse los catalanes, es del franquismo.

El referendo se votó finalmente el 1º de octubre, en medio de fuertes denuncias de represión del gobierno, quien consideraba ilegales los comicios y así lo había determinado a través de un Tribunal Constitucional. El Sí por la independencia ganó masivamente (aunque la discusión alrededor de las cifras de la elección aún tiene al país polarizado). Algunos dicen que ni siquiera votaron por la independencia, sino en contra de lo que ellos consideran medidas autoritarias de Rajoy.

Tras los resultados, los votantes esperaban con ansias la confirmación de que eran una república independiente de España. Puigdemont les dijo que sí, pero no, que quiere dialogar con el Ejecutivo. Rajoy le respondió que él no dialogaba con terroristas. Le exigió que aclarara si declaró la independencia y que, si en efecto lo hizo, aplicará el artículo 155 de la Constitución Nacional, lo que le permitiría sancionar el referendo y a sus líderes.

Después de días de tensión, que analistas por todo el mundo han considerado el conflicto político más grave de la historia de España, días en que dos líderes independistas catalanes terminaron tras las rejas, finalmente hay una declaratoria. Tras lanzarle la papa caliente al Congreso, para no cargar semejante decisión sobre sus hombros, los representantes catalanes declararon la independencia de su región. En el Paseo de Picasso, con banderas de Cataluña, se escuchaban cantos de celebración. De inmediato, el Senado español reaccionó cumpliendo su promesa: aplicará el artículo 155 de la Constitución.

El futuro de Cataluña

Antes de plantear los escenarios, hay que aclarar lo siguiente: Cataluña es una región ubicada en el noreste de la península Ibérica y desde el siglo X está reclamando su autonomía. De hecho, actualmente, ante la ley de España, es una región autónoma. Esto, entre otras cosas, implica que los catalanes tiene su propio jefe de gobierno y su propio Parlamento.

Dicha autonomía está afincada en la vida cotidiana de sus 7,5 millones de habitantes. El sistema educativo catalán contempla la enseñanza de su idioma en el currículum. Así que, aunque la gran mayoría de la población es bilingüe y habla español, en las calles hablan entre ellos en catalán. Muchos aseguran que no se sienten españoles y dicen que el Estado central no los representa. Los más radicales creen que no es justo tener que aportar tanto en materia económica a otras regiones de España, cuando los beneficios no se ven de vuelta.

Ni hablar de las instituciones públicas. Sólo un 9 % de los funcionarios de Cataluña, unas 26.000 personas, corresponden a la administración del Estado central.

Del total de 304.000 funcionarios catalanes, 167.000 dependen del órgano regional de gobierno, la Generalitat, y sólo 84.000 de los ayuntamientos. Muchos de ellos han empezado a mostrar su incomodidad frente a tener que recibir órdenes de Madrid, que les son extrañas y a las que no están acostumbrados.

De paso, según el diario El País, el Estado dispone de 842 jueces y de apenas 5.900 miembros de las fuerzas del orden, frente a los 16.000 efectivos de la policía regional, los Mossos d’Esquadra.

Por eso, para intentar impedir el referendo del 4 de octubre, el gobierno de Rajoy tuvo que enviar 10.000 guardias civiles y policías nacionales, muchos de ellos alojados en barcos frente a los puertos de Barcelona y Tarragona. Y aun así no lograron impedir por la fuerza que la gente votara.

“No reconoceremos que se vulnere el autogobierno de las instituciones catalanas (...) Nosotros como sindicato no vamos a reconocer la legitimidad de estas autoridades” designadas por Madrid, dijo a AFP Marc Casanova, portavoz del sindicato IAC, mayoritario entre los funcionarios de la Generalitat.

“Si me hacen dar en castellano una clase de historia, no lo voy a hacer”, dijo Ramón Font, portavoz del sindicato Ustec, mayoritario entre docentes de primaria y secundaria. En ese contexto, altamente reticente frente a España y su gobierno, Rajoy anunció las primeras medidas contra la “escalada de desobediencia”en Cataluña que incluyen el cese de su gobierno, la disolución del Parlamento y elecciones regionales para el 21 de diciembre. De esta manera, explican analistas, Rajoy no solo aborta la proclamación de la independencia, sino que ahuyenta las tentaciones de abusar de las prebendas que le otorga el artículo 155 y poner con ello en riesgo la unidad constitucionalista fraguada en los últimos meses con el PSOE y Ciudadanos.

Así, el jefe de gobierno conservador destituyó al presidente catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de su Ejecutivo, y dijo que los ministerios de Madrid asumirán las competencias de cada consejería homóloga catalana.

“He disuelto el Parlamento de Cataluña, y el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas que serán limpias, libres y legales”, sentenció Rajoy.

Ada Colau Ballano, alcaldesa de Barcelona y quien no era independentista, aseveró que “una década de desidia del Partido Popular con Cataluña culmina en el Senado con la aprobación del artículo 155. Rajoy lo presentó ante aplausos de los suyos, para vergüenza de todos los que respetamos la dignidad y la democracia. ¿Aplaudían su fracaso?”, anotó en sus redes sociales.

La Fiscalía General, por su parte, aseguró que el lunes presentará la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, entre ellos Puigdemont. Los catalanes no van a celebrar ver a su jefe de gobierno tras las rejas.

A su vez, el sindicato Intersindical CSC confirmó que el próximo 30 de octubre Cataluña está convocada a una huelga general de una semana que amenaza con paralizar la región.

Después de dos meses de tormenta política en España, tal parece que está lejos de calmar la marea.