Nuevas pruebas de que Estados Unidos vigila a sus ciudadanos

“Extremistas violentos formados en nuestro país”, así considera el ejecutivo estadounidense a sus ciudadanos y a inmigrantes legales que obtuvieron el permiso de residencia (la famosa Green Card) y que hoy viven en el país.

“Por otra parte, los documentos también refuerzan la preocupación por la posibilidad de que el gobierno esté recabando gran cantidad de datos sobre ciudadanos estadounidenses y otras personas sin contar con las autorizaciones judiciales correspondientes”, señala la organización. Un decreto ejecutivo, con carácter secreto y que no ha sido discutido por el Congreso sería el responsable de las denuncias presentadas por HRW.

Según informa en un comunicado, HRW obtuvo los documentos a través de una solicitud de acceso a la información pública. Se trata de módulos de capacitación que están vinculados principalmente con el Decreto Ejecutivo 1233. Ese decreto regula, de manera general, las actividades de los organismos de inteligencia de EE. UU., e incluye disposiciones que permiten que los organismos recaben información sobre personas estadounidenses —lo cual incluye a ciudadanos y residentes legales permanentes, así como también a empresas y asociaciones—.

El gobierno no ha explicado de manera exhaustiva cómo es que lleva a cabo estos proceso de vigilancia. En el 2013, Edward Snowden, el exagante de la CIA, reveló que Estados Unidos llevaba a cabo procesos de vigilancia masiva no solo en el país, sino, incluso a sus aliados internacionales. Las revelaciones generaron cientos cuestionamientos, aunque pocos resultados en materia de transparencia.

Las diapositivas de capacitación encontradas por HRW, resumen los procedimientos del Departamento de Defensa relativos al decreto. Utilizando un lenguaje sencillo para que la redacción de los procedimientos resulte comprensible, las diapositivas ofrecen indicios sobre las prácticas de inteligencia del Departamento de Defensa que ameritan ser objeto de un estudio más profundo y mayor divulgación.

“Estos documentos muestran en qué medida el público ha estado desinformado sobre la vigilancia sin autorización judicial que se realiza al amparo del Decreto Ejecutivo 12333”, manifestó Sarah ST. Vincent, investigadora sobre vigilancia y seguridad nacional en EE. UU. de Human Rights Watch. “Las explicaciones que ofrecen sobre el decreto sugieren que el gobierno podría estar llevando a cabo un monitoreo que resulte sumamente problemático para los derechos humanos, y el Congreso debería solicitar más información sobre qué están haciendo los organismos de inteligencia en este sentido”, agregó.