El Gobierno y el PSOE se preparan para la "respuesta constitucional" a la declaración de independencia

El PSC muestra mayor cautela: “Compartiremos el análisis y eventualmente compartiríamos las posiciones, pero no vamos a poner la venda antes de la herida”

El Gobierno está preparado para responder a la posible declaración unilateral de independencia que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, puede proclamar en el pleno del Parlament de Catalunya este martes. El Ejecutivo ha avisado de que tomarán las “medidas” necesarias para impedir la independencia.

El PSOE, aunque evita dar su “respaldo total” a las iniciativas del Gobierno como hizo en un principio, tampoco apela ya a la “proporcionalidad y la mesura”, sino que se sitúa junto a la “respuesta constitucional” que se dé a la hipotética declaración unilateral de independencia.

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, trasladó a los periodistas las cuatro ideas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzó en el Comité de Dirección del partido este lunes: "Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea".

Fuentes de Moncloa aseguraron que “hasta el último minuto” esperarán a que el Govern vuelva a la legalidad para evitar “males mayores”, como dijo Rajoy. También Pedro Sánchez dice que hay margen para la “esperanza”: “Estamos a tiempo de resolver esta crisis”, aseguró el líder del PSOE, que instó a Carles Puigdemont a renunciar a la declaración unilateral de independencia que los socialistas temen que el presidente catalán trate de proclamar en el Pleno del Parlament de este martes. Si llega a producirse, el PSOE se pondrá del lado del Estado en su respuesta, según dejó claro en una rueda de prensa en Barcelona.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había especificado previamente en una entrevista en la Cope que si Puigdemont “declara la independencia unilateral, eso no va a producir efectos, y le corresponde al Gobierno, a través del Senado, adoptar las medidas”.

La respuesta del Estado a la que se refiere la vicepresidenta es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de la autonomía por el Gobierno central hasta que se restaure el orden constitucional. Esta herramienta constitucional se tiene que articular y aprobar en la Cámara Alta donde el PP tiene mayoría absoluta.

Aunque la vicepresidenta insistió durante la entrevista en que “buscarán apoyos” en el PSOE y Ciudadanos para aplicar las medidas necesarias para responder a Puigdemont, también admitió que la DUI “no se va a quedar sin respuesta” en caso de no obtener los apoyos necesarios”.

En ese sentido el Gobierno ha decidido apretar el acelerador, ante las presiones de sus socios de investidura, Ciudadanos, y parte de su partido que lo acusan de no hacer nada ante el desafío independentista. Hasta el momento, el PP había optado por ir de la mano con PSOE y Ciudadanos. De hecho el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, señaló que "solo una fuerza política apruebe en el Senado el artículo 155 de la Constitución no tendría el respaldo de la mayoría de la sociedad catalana".

El PSOE ya no exige "mesura"

Tras las palabras de la vicepresidenta, Pedro Sánchez no dudó en asegurar que el PSOE apoyará la “respuesta constitucional” que se dé a la declaración unilateral. El líder socialista ya no exige “proporcionalidad y mesura” al Gobierno en su respuesta, como hizo en septiembre, cuando comenzó el desafío independentista, aunque también evita dar el “respaldo total” al Gobierno. Ahora asegura que, del mismo modo que tienden “la mano al diálogo”, los socialistas apoyarán “la respuesta del Estado social de derecho para impedir la quiebra de la convivencia”.

Por tanto, el PSOE se pondrá del lado del Estado en su respuesta a una hipotética declaración unilateral de independencia en Catalunya al considerar que “no tiene cabida en ningún estado social de derecho”. Los socialistas siempre han sostenido que es el Ejecutivo de Rajoy el que tiene en su mano los instrumentos para actuar y que ellos se posicionarán según vayan sucediendo los acontecimientos.

En Ferraz ven “inevitable” la aplicación del 155 de la Constitución en caso de que Carles Puigdemont declare la independencia, aunque Sánchez no ha querido pronunciarse en concreto por esa medida. Los socialistas también han apuntado a otras vías, como el Tribunal Constitucional, que tiene atribuciones para inhabilitar o suspender a altos cargos de la Generalitat gracias a una reforma aprobada por la mayoría absoluta del PP y a la que el PSOE se opuso. También le ven contraindicaciones dado que esa medida partiría al alto tribunal dadas las reticencias que causa en algunos de los magistrados.

Apoyar la aplicación del 155 traería problemas internos a Sánchez. Mientras que federaciones como Andalucía, Extremadura o Aragón se han mostrado partidarias de dar esa respuesta si hay declaración de independencia, en el PSC causa muchas reticencias. Los alcaldes socialistas en Catalunya han elevado la presión. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, con quien Sánchez comparte la estrategia ante el desafío soberanista, no quiso adelantar el respaldo de los socialistas catalanes a las medidas que ponga en marcha el Gobierno de Rajoy.

“Compartiremos el análisis y eventualmente compartiríamos las posiciones, pero no vamos a poner la venda antes de la herida –expresó Iceta que deja autonomía en la toma de decisiones respecto al PSOE–. La herida es evitable y quien lo puede evitar el presidente de la Generalitat”.

La premisa de los socialistas es que Puigdemont renuncie a la declaración unilateral de independencia. “A partir de ahí nos volveremos a encontrar”, aseguró Sánchez, que no exige “negociación inmediata” a Rajoy y Puigdemont, como hizo el 1-O. No obstante, en un acto en la sede de los socialistas en Barcelona, reclamó horas después el paso atrás por parte de los independentistas y la convocatoria de elecciones en Catalunya.

No a la mediación

Las peticiones de diálogo o de abrir un periodo de negociación con mediadores son opciones inviables para el Gobierno. Fuentes de Moncloa señalaron que una declaración de independencia en diferido –anunciada en el Parlament pero sin validez jurídica hasta cerrar una negociación– no es asumible porque además de ser “ilegal” dejaría al país en “una incertidumbre durante meses que sería muy perjudicial para la economía y la sociedad española”.

En este sentido, Casado fue mucho más allá al recordar que "igual que el 23-F, Don Juan Carlos y la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el Rey y el presidente del Gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder y pactar con Puigdemont y Junqueras, que son los golpistas del siglo XXI".

Los socialistas tampoco ven factible una mediación que implique la actuación de terceros actores. “Si hablamos de mediación jurídica en la que hay dos partes iguales y una tercera que realiza el acuerdo en sustitución de esas partes, eso no es posible”, aseguró el líder del PSC. Sin embargo, los socialistas catalanes sí se han ofrecido como mediadores para fomentar el diálogo: “Si se entiende como gestiones para que pueda haber diálogo, todas; hasta el día antes y el día después”, sentenció Iceta. De hecho, Sánchez dejó entrever que está hablando con dirigentes independentistas, pero Ferraz no quiere especificar cuáles son esos contactos. En el PSC también reconocen conversaciones, pero hay distintos niveles de optimismo dentro de los socialistas catalanes sobre las posibilidades reales de que fructifiquen.

En el equipo de Rajoy se espera que el sector catalanista del PDeCAT, que mira con terror el abandono de empresas de Catalunya, consiga frenar a Puigdemont en su intención de declarar la DUI, se abra un periodo de diálogo en el Parlament, como exige la Comisión Europea, que concluya con unas elecciones autonómicas.

También los socialistas creen que la fuga de empresas –para lo que han prestado su apoyo al real decreto del Gobierno– ha supuesto un varapalo para las aspiraciones de los dirigentes independentistas. No obstante, temen que el pleno del Parlament conlleve una declaración “simbólica o en diferido” que tampoco están dispuestos a aceptar.

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