Medidas judiciales no consiguen frenar el referendo en Cataluña

En medio de una incertidumbre absoluta sobre qué ocurrirá el día de la consulta dentro de dos semanas, el Gobierno de la región nororiental suspendió de forma unilateral el envío semanal de su informe de gastos al Gobierno central por considerar que responde a "un control político", destacó DPA.

Así lo informó el consejero de Economía y vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, en una carta al Ministerio de Hacienda difundida por la prensa española. La medida se mantendrá los próximos 15 días y busca evitar que el Ministerio detecte partidas destinadas por el Gobierno catalán para organizar el referendo.

Al mismo tiempo, el "Govern" de Carles Puigdemont realizó el sorteo de los 55.000 miembros que deberían ocupar mesas electorales en el supuesto referendo, según la televisión regional de Cataluña TV3 y otros medios.

Alguna de las notificaciones a los elegidos podría retrasarse: la empresa española pública de Correos envió una circular interna a oficinas y sucursales pidiendo no tramitar envíos relacionados con el referendo catalán.

También el frente judicial siguió endureciéndose contra quienes impulsan la consulta: la Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella contra los líderes de los alcaldes independentistas, cuya colaboración es clave porque son quienes pueden ceder locales municipales para que pueda llevarse a cabo la votación.

Se trata de Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y Miquel Buch, de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), denunciados por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al haber realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referendo.

Este miércoles, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había pedido a las fiscalías de las cuatro provincias catalanas investigar a los alcaldes afines a la votación y ordenado a la Policía que los detuviera en caso de que no acudieran a declarar. Tras años de tensiones entre Cataluña y Madrid, el Gobierno de la región española lanzó hace una semana un desafío inédito al Estado español al convocar de forma unilateral una consulta sobre la independencia de España con fecha 1 de octubre.

Pocas horas después, el Gobierno de Rajoy impugnó la iniciativa y el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente. Desde entonces, el Ejecutivo español trata de impedir la celebración de la consulta con la ley en la mano. "No nos va a temblar el pulso en hacer lo que tengamos que hacer, siempre dentro de la ley", avisó la "número dos" de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Los independentistas catalanes insisten en que continuarán con sus planes pese los fallos judiciales y las advertencias.