Se había erigido en un icono del maltrato animal. Un toro muerto a lanzazos. Pero, una vez convertido en encierro por el campo, el nuevo Toro de la Vega ha pasado a formar parte de las decenas de miles de festejos populares que, aún, crecen en España.
El año pasado fue el primero en el que el toro de Tordesillas no pudo ser alanceado. Sus defensores lo entendieron como un ataque frontal a la tradición. Sin embargo, ese mismo curso se celebraron 17.073 festejos taurinos populares. 690 más que el año anterior y 2.800 más que en 2011 –primer año de estadísticas completas del Ministerio de Cultura–. Con sus vaivenes, los encierros, correbous, toros embolados con fuego o atados con sogas han crecido en ese tiempo casi un 20%.
El torneo de Tordesillas, con su persecución y acoso con lanzas del astado era un "icono del maltrato animal", como lo recuerda Silvia Barquero, presidenta del Pacma. La prohibición de esta modalidad de festejo "fue una pequeña batalla legal ganada", explica. Pero, más allá de su valor simbólico, no es indicativo de un cambio en la manera de celebrar fiestas. "Aunque no se maten en público, el animal sigue pagando luego con su vida ese rato de diversión", resume la animalista.
Mapa de los festivales
Los datos de Cultura muestran un panorama en el que todas las regiones con un número alto de festejos siguen sumando espectáculos cada año. En el que, a modo de desmontaje de tópicos, la Comunidad de Madrid dobla el volumen de espectáculos que se dan en Andalucía cuyo número total (unos 390) es similar al de La Rioja y en el que Cataluña ha mantenido casi invariable su medio centenar largo de espectáculos taurinos populares a lo largo de los años de prohibición legal de las corridas de toros.
De hecho, la región donde los festejos taurinos populares están más extendidos es, con mucho, la Comunidad Valenciana. En 2016 se contabilizaron 8.900 y multiplica por más de cuatro a la siguiente: Castilla y León que registró 1.900. Le siguen en cantidad Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. Todos por encima el millar anual.
Precisamente en la Comunidad Valenciana se han venido dando, desde 2009 con Paterna aunque especialmente desde 2015, una serie de consultas en diversos ayuntamientos para mantener o eliminar estos espectáculos. Aldaia, Tavernes, Canals, Sueca, Godella, Xirivella, Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Predeguer... han ido eliminando bous al carrer o bous embolats la mayoría de las veces tras votaciones de sus vecinos.
Sin embargo, "aunque se ha podido crear la sensación o dar la imagen de que la cosa disminuía, no se ha generalizado ni mucho menos", analiza Barquero. Los registros oficiales apoyan esa visión ya que en esa comunidad autónoma los festejos populares han crecido un 47% en seis años. De hecho, en algunas localidades las votaciones han refrendado los encierros, como en Chella, o en otras como en Benifairó de les Valls, se ha dado la circunstancia de que el consistorio ha creado una concejalía de Bous y eliminado otra de Mujer e Igualdad.
La Asociación Internacional de Tauromaquia, que se presenta como defensora de la tauromaquia en tanto que "patrimonio cultural de la Humanidad", ha llamado a estas consultas "arbitrarias" y "subterfugios legales" tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley catalana contra las corridas de toros. Y ha animado "a los aficionados" a que recurran las decisiones municipales que hayan ido en contra de los festejos. De hecho, en lugares como Xirivella o Godella se han presentado protestas legales.
Apoyo del Ejecutivo
En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy también ha salido al corte legal ante cualquier iniciativa que, a su juicio, menoscabe al sector taurino. En primer lugar, le dotó de carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) para ser competente a la hora de atajar incluso legislaciones contrarias a los espectáculos taurinos. Después ha negado consultas populares previstas para decidir sobre la continuidad de las corridas como hizo recientemente con el proyecto de Donostia o Ciempozuelos. También se ha opuesto a la ley balear que impide celebrar corridas con daños a los toros o la muerte de los animales.
La ley insular, aprobada a finales de julio por el Parlamento autonómico y publicada el 3 de agosto pasado sirvió al Ejecutivo para anunciar que la recurriría en defensa de ese BIC. Incluso el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, avisó personalmente a la consellera de Cultura del Govern balear, Fanny Tur, de que el texto iba directo al Constitucional.
El recurso del Gobierno suspende provisionalmente las normas recurridas. Sin embargo, más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, el recurso no ha sido presentado. Al fin y al cabo, en Baleares se dieron dos corridas de toros en todo 2016.
Raúl Rejón
Eldiario.es
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