Independentistas catalanes aseguran tener lista su propia agencia fiscal

El gobierno independentista de Cataluña aseguró tener preparada su propia agencia fiscal ante una posible separación del resto de España, lanzando de lleno su campaña para promover un referendo de autodeterminación previsto el 1 de octubre pese a su prohibición por la justicia española.

El presidente regional Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, presentaron en Barcelona el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, un pequeño organismo reforzado en los últimos meses de cara a una hipotética secesión, precisó AFP.

"Hoy ponemos las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada para hacer posible la voluntad que expresen los catalanes en el referendo del 1 de octubre", dijo Puigdemont en rueda de prensa.

El miércoles se espera que los independentistas, mayoritarios en el parlamento regional catalán, aprueben una ley para regular dicho referendo, que a continuación será convocado de inmediato por el gobierno regional.

Desde Madrid, el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy está resuelto a impedirlo, y tiene listo todo un arsenal jurídico, que puede llegar hasta la suspensión de Puigdemont y otros dirigentes separatistas.

Sin embargo, el enfrentamiento continúa como una partida de póquer, en la que ambas partes se resisten a mostrar sus cartas, para mantener su capacidad de sorprender al otro.

"No le voy a contar al señor Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas", dijo en ese sentido la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

Mariano Rajoy dijo que responderá "con tranquilidad y con firmeza", y tachó de "estafa a la democracia" la ley que se avecina en la cámara catalana para posibilitar el referendo. La cuestión catalana es la gran dominante de la "rentrée" política en España, y este lunes todos los partidos se pronunciaron al respecto.

El líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, reiteró su apoyo al gobierno de Rajoy, frente a un proyecto independentista "que amenaza la democracia y la integridad territorial de nuestro país".

No obstante, insistió en la necesidad de dialogar con las autoridades catalanas y avanzar hacia una España federal, que resuelva el encaje y las aspiraciones de Cataluña. Por su lado, el partido izquierdista Podemos, tercera fuerza política en España, abogó de nuevo por un referendo pactado y vinculante en Cataluña, frente a la "declaración unilateral de independencia" promovida por los secesionistas, dijo su portavoz Noelia Vera.

A poco menos de un mes, uno de los grandes interrogantes es cómo hará el gobierno catalán para colocar urnas, después de que el gobierno central amenazara con sanciones a todo aquel funcionario y empresa que participe en la consulta.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apoyada por Podemos, dijo que está dispuesta a "facilitar que se pongan urnas", aunque "sin poner en peligro" a los funcionarios municipales, jurídicamente hablando.

Otro paso más

Para los nacionalistas catalanes, la agencia fiscal es una herramienta clave para poder declarar la secesión si celebran y ganan el referendo.

Hasta ahora su estructura era reducida, dado que el gobierno regional sólo recauda un 5% de los tributos en Cataluña, mientras que el resto corre a cargo de la administración estatal, que después lo reparte entre las diferentes regiones.

Pero tras la llegada de Puigdemont al gobierno en 2016, su personal pasó de 321 a 800 trabajadores y ampliaron sus oficinas de 4 a 32. "La voluntad de este despliegue es tener la capacidad de gestionar impuestos de carácter masivo y periódico", dijo Junqueras.

Puigdemont defendió la ampliación en términos políticos, pues según él contribuye a una administración tributaria "más cercana", "más justa" y "colaborativa" con el ciudadano.

Con el despliegue de la agencia, los nacionalistas aspiran a recaudar unos 2.500 millones de euros anuales en concepto de IVA e impuesto de sociedades abonados por empresas públicas catalanas. Dicho dinero, antes de ir al gobierno español, pasaría por la agencia tributaria catalana, que en caso de tensión política, podría cerrar el grifo.

Según un sondeo de SocioMétrica para el diario digital El Español, publicado este fin de semana, el 50,1% de los catalanes apoya actualmente separarse del resto de España, y el 45,7% se opone. En julio, una encuesta encargada por el gobierno regional indicaba que el 49,4% de los catalanes estaba en contra de la independencia, y un 41,06% a favor.