Las FARC dejan de existir como grupo armado luego de 53 años en guerra

El fin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo armado se verá concretado hoy, luego de 53 años en guerra, cuatro años de diálogo de paz y siete meses de negociaciones para su desarme total, abriendo el camino para lo que será el tránsito del grupo rebelde hacía la vida civil y política, tal como lo indican los acuerdos firmados con el Gobierno de Juan Manuel Santos, el año 2016 en Bogotá.

El proceso de desarme de las FARC estaba planteado para ser ejecutado en 180 días. Sin embargo, por fallas en la logística, se inició con retrasos la instalación de las 26 zonas de concentración donde debían entregar sus armas a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU). Esto obligó a extender los plazos un mes más.

Sin embargo, tanto representantes del Gobierno como de las FARC argumentaron que esos “retrasos” son normales debido a la complejidad del proceso que se esta ejecutando.

7.000 rebeldes iniciarán a partir de este martes el proceso de reinserción a la vida civil y política en su país, un hecho anhelado por muchos de ellos, pero poco creíble para otros.

Colombia verá hoy concretado un sueño que hace un año parecía lejano.

Esta entrega de armamento está ligado solo a las de uso personal por cada guerrillero. La ONU debe encontrar antes de septiembre casi un millón más –incluyendo explosivos– escondidas en “caletas” cuya ubicación ya fue dada por las FARC.

Tras el acto formal de desarme, que se realizará en la zona de concentración más grande, que alberga a la fecha a más de 500 guerrilleros, ubicada en municipio de Mesetas, en el departamento de Meta, y al que asistirán tanto Santos, como el líder del grupo Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko” o “Timoleón Jiménez”, los miembros de las FARC deberán someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Miembros de las FARC deberán someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Ante los Tribunales Especiales para la Paz, los exguerrilleros deberán declarar todos los crímenes cometidos durante su tiempo al servicio de las FARC. Dependiendo de la decisión de la JEP, se determinará si podrán formar parte o no de la política colombiana.

La JEP también juzgará a militares y civiles que tengan responsabilidades y hayan participado en el conflicto armado.

Está plateado que el proceso de justicia transicional esté activo por 10 años, y que, quienes no declaren ante la JEP en este lapso de tiempo pasen a ser juzgados por la justicia ordinaria de Colombia.

El partido político que formen las FARC competirá en las elecciones legislativas del 2018 por cinco escaños en el Senado, y cinco asientos más en la Cámara de Diputados, para un total de 10 curules.

De no lograr obtener los 10 curules mediante el voto popular, entonces estos les serán asignados. Los guerrilleros tendrán que hacer servicio comunitario y colaborar con el futuro productivo del país. Además deberán contribuir con las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Por ahora seguirán concentrados en sus zonas de transición, mientras les preparan para formar parte de la vida civil y política de Colombia.

Todos pueden crear un partido político

En Colombia, todos los ciudadanos tienen derecho a crear o formar parte de cualquier movimiento político.

Para ello deben hacer una solicitud al Consejo Nacional Electoral colombiano (CNE) y, luego de ser aceptada esta solicitud, hacer una recolección como mínimo de 50.000 firmas a su favor, u obtener la misma cantidad de votos en unas elecciones legislativas, es decir, al Congreso colombiano.

Luego de lograr la cifra mínima de votos exigidos por el CNE, este ente estudiará la solicitud y debe dar una respuesta en un lapso no mayor a 30 días hábiles.

El Estado colombiano dará un monto no menor a 2.400 millones de pesos al partido como parte de su aporte para su financiación.

El CNE, sin embargo, tiene la potestad de no aceptar el registro del nuevo partido a pesar de que el postulante obtenga los votos necesarios, si encuentra alguna inconsistencias en el proceso.

Asimismo, 20 días después de recibir una respuesta del CNE, cualquier ciudadano podrá impugnar el resultado de la misma, ya sea a favor de la creación del movimiento o en contra.

El Estado colombiano dará un monto no menor a 2.400 millones de pesos al partido como parte de su aporte para su financiación.

Pero el CNE podrá ordenar que se le prive de este beneficio si las actividades que realizan son contrarias a los principios que plantearon en su solicitud.