España renuncia a proyecto de almacenaje de gas por temor a sismos

El gobierno español anunció este miércoles que renunció definitivamente al proyecto Castor de almacenamiento de gas submarino en el mar Mediterráneo, ante el riesgo de provocar movimientos sísmicos como los ya generados en 2013.

Madrid basó su decisión en informes encargados a las prestigiosas universidades estadounidenses de Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT), presentados en la jornada, citó AFP.

Los estudios, realizados desde 2015 por un equipo de especialistas en geomecánica, sismología y geología, muestran "que no existe certeza absoluta de que no vuelvan a producirse movimientos sísmicos en la zona si la instalación iniciara su operación", explicó el ministerio de Energía en un comunicado.

Por ello, "el Gobierno ha decidido que la instalación del almacén de gas Castor no podrá iniciar su operación" y "a partir de este momento, se estudiará qué hacer con esta infraestructura" situada frente a las costas del este del país, entre Valencia y Barcelona.

El proyecto había sido paralizado a la espera de estos informes.

Los científicos concluyeron por igual que la zona de la falla sísmica de Amposta, ubicada en ese lugar, fue sometida "a estrés como consecuencia de la inyección de gas" en 2013 cuando el proyecto estaba en fase de pruebas, según el ministerio.

El proyecto Castor, financiado principalmente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), fue concedido a la sociedad Escal UGS, que tenía al grupo constructor español ACS como accionista mayoritario.

Consistía en adaptar unos antiguos pozos petrolíferos situados a 1.700 metros bajo el nivel del mar y a 22 kilómetros de la costa este española para convertirlos en un almacén de gas natural, suficiente como para abastecer durante tres meses a la próxima región de Valencia, de cinco millones de habitantes.

El gas iba a ser transportado a través de gasoductos.

Pero cuando empezaron las primeras inyecciones de gas en 2013, la región registró centenares de pequeños terremotos, que levantaron las protestas de las asociaciones ecologistas y los habitantes cercanos al almacén.

Meses más tarde, ACS renunció al permiso para explotar el almacén, y el gobierno español le otorgó una indemnización de 1.350 millones de euros.

En enero de 2015, dieciocho personas fueron imputadas por delitos contra el medio ambiente a raíz del controvertido proyecto, entre ellos exresponsables del ministerio de Medio Ambiente y de un organismo científico público que dieron luz verde a Castor.