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Angel de la Fuente, director de Fedea
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Angel de la Fuente, director de Fedea

Fedea propone ligar las pensiones mínimas al IPC

Enviado por José Antonio Sierra (CCLAM)

22FEB17 ´- MADRID.- La Fundación de Estudios Aplicados, Fedea, ha presentado el informe, La salud financiera del sistema público de pensiones, donde aboga por blindar las pensiones mínimas vinculándolas al IPC, para que al menos, los pensionistas menos favorecidos económicamente, no sufran una pérdida de poder adquisitivo que ve inevitable en el resto.

Los autores del informe consideran que las pensiones está condenadas a quedar prácticamente congeladas hasta el año 2060, con aumentos de solo el 0,25%.

En la presentación del estudio, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha cuantificado el impacto medio anual de la medida durante los próximos 40 años en más de 4 décimas del PIB (4.000 millones de euros anuales), que habría que financiar con impuestos adicionales. Así, el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno al 6%, lo que a su juicio supondría “un coste aceptable”.

Para De la Fuente, el problema es que el índice de revalorización “se quedará atascado en el 0,25% durante muchos años, por lo que las pensiones no se revalorizarían y experimentarían una cuasicongelación”, por lo que “habría que anteponer la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos aceptables”.

Lo que no sería aconsejable, según el informe, sería extender la indexación al IPC al conjunto de las pensiones sin ninguna contrapartida, desmantelando así una parte esencial de la reforma de 2013. Esto supondría un fuerte incremento del gasto en relación al escenario base, de hasta 4 puntos de PIB en torno a 2050 y con un valor medio de 2,7 puntos durante las próximas cuatro décadas, que exigiría una subida del 36% en el IRPF para financiarlo.

Tampoco parece que la propuesta de financiar con impuestos ciertos tipos de pensiones, trasladando así el problema desde los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado para poder subir las pensiones, sea una buena solución. Un inconveniente importante de esta opción es que generaría serios problemas de credibilidad al sembrar dudas más que razonables sobre nuestra capacidad de resistir en el futuro la tentación de encontrar nuevas formas de soslayar el IRP cuando éste vuelva a caer por debajo de la tasa de inflación, lo que previsiblemente sucedería en pocos años.

Una consideración adicional que no conviene perder de vista es que las hipótesis macroeconómicas del escenario base parecen bastante optimistas a la luz de la experiencia de las últimas décadas. Así pues, con la posible excepción de la inmigración, los riesgos existentes son fundamentalmente a la baja y podrían dejarnos en una situación más complicada de lo previsto en el escenario base si la productividad o el empleo crecen menos de lo esperado, lo que convendría tener en cuenta por precaución a la hora de reformar el sistema.

Por otra parte, los mismos ejercicios de sensibilidad nos recuerdan que el futuro del sistema de pensiones, y más generalmente el de nuestras finanzas públicas, no está escrito y depende fundamentalmente de nuestra capacidad de adoptar una política económica que ayude a hacer más grande la tarta, fomentando el crecimiento del empleo y la productividad.

Las políticas de familia y de inmigración también podrían jugar un papel importante en este ámbito, ayudando a mitigar el problema demográfico al que nos enfrentamos. Una última reflexión tiene que ver con la necesidad de pensar a largo plazo y actuar en consecuencia. En la situación actual, caracterizada por una cierta alarma ante la previsible evolución del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, existe la tentación de ponerle un parche rápido al sistema para salir del paso sin preocuparnos demasiado de lo que pueda pasar más adelante.

Fuente: www.mayoresudp.org

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