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Mauricio Macri, presidente de Argentina.
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Mauricio Macri, presidente de Argentina.

Argentina: Gobierno busca salida a conflicto por deuda a una empresa del padre de Macri

martes 14 de febrero de 2017, 21:51h

15FEB17 – BUENOS AIRES – ARGENTINA.- Marcos Peña, jefe de ministros de Argentina, anunció que, "para evitar cualquier tipo de duda respecto a posibilidades de conflicto de intereses", se pedirá a la Auditoría General de la Nación que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.

El Gobierno de Mauricio Macri buscará el aval de organismos estatales y de la Justicia para salir del conflicto creado por la polémica negociación de una millonaria deuda con el Estado que mantenían empresas del padre del presidente desde 2001, relativa al manejo de los servicios de correo de Argentina.

"Acá se ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido", dijo hoy el jefe de ministros argentino, Marcos Peña, en una rueda de prensa convocada hoy tras una reunión de trabajo del conjunto del Gabinete.

Acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña anunció que, "para evitar cualquier tipo de duda respecto a posibilidades de conflicto de intereses", el Gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.

Asimismo, Peña apuntó que pidieron a la Cámara Federal de Justicia que revise de forma integral el proceso -que incluye varios juicios cruzados- y Aguad se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones de su cartera, responsable de intervenir en nombre del Estado en las negociaciones.

El Gobierno busca así blindarse del aluvión de críticas generado después de que, el jueves pasado, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitiera un duro dictamen de rechazo al arreglo entre acreedores y deudores alcanzado en junio pasado, pendiente aún de ser revisado por los tribunales en el marco de la ley de quiebras.

Para la fiscal, este acuerdo es "abusivo" y perjudicial para los intereses del Estado porque implica "una quita velada del orden del 98,82 %".

La deuda del Correo Argentino se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos (292 millones de dólares en aquel momento, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria, muy lejos de los casi 16 pesos a los que cotiza ahora cada divisa estadounidense).

La empresa estaba entonces administrada por el padre del actual presidente, el empresario Franco Macri, y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina ese año.

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda se decretó rescindir el contrato de concesión de los servicios postales oficiales. Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) no se logró cerrar el litigio.

Seis meses después de la asunción de Macri se alcanzó este primer acuerdo que, según los cálculos de la Fiscalía, supone perdonar 4.000 millones de pesos ahora (256,24 millones de dólares) y cerca de 70.000 millones a 2033 (más de 4.000 millones de dólares), año en el que la empresa terminaría de pagar la deuda.

En la rueda de prensa de hoy, Aguad reiteró que "jamás" consultó las negociaciones con el presidente porque "tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde esté involucrado algún familiar".

Los ministros apuntaron que la única intención del Gobierno fue solucionar el problema lo más "rápidamente posible" porque el paso del tiempo perjudica los intereses del Estado y que en ningún momento fue una cuestión "política" sino un tema "técnico-judicial", manejado por los equipos legales estatales.

También cargaron contra el kirchnerismo por no haber cerrado el tema en doce años y celebraron que la Procuración del Estado vaya a investigar la actuación de todos los funcionarios involucrados en las negociaciones desde el 2002.

En tanto, crecen las críticas de la oposición, que apunta a pedir explicaciones al Ejecutivo en el Congreso.

"Claramente tienen un conflicto de intereses. Lo mejor que podría hacer el oficialismo es dar marcha atrás. Es todo muy grotesco y escandaloso, Macri tiene intereses personales. Debería mandarlo al Congreso", dijo hoy Marco Lavagna, diputado del peronista Frente Renovador, en declaraciones a radio FutuRock.

El acuerdo ha sido también objeto de una denuncia por parte de otro procurador -el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez- y la Oficina Anticorrupción (OA) anunció la semana pasada que estudiará si hubo conflicto de intereses.

"La demanda de la sociedad es muy alta en materia de ética y de transparencia, hay una sensibilidad muy grande. Hay que dejar que se haga el trabajo profesional y técnico que la ley nos manda hacer", comentó hoy la responsable de la OA, la oficialista Laura Alonso, en declaraciones a radio La Red.

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