La Casa Blanca contempla un nuevo decreto migratorio tras fallo judicial

La Casa Blanca confirmó este domingo que contempla firmar un nuevo decreto migratorio, después de que la justicia suspendiera la medida aprobada por el presidente Donald Trump el 27 de enero y que provocó el rechazo de la comunidad internacional.

"Contemplamos todas las opciones posibles", declaró Stephen Miller, asesor del presidente estadounidense en la cadena de televisión Fox, citó AFP.

Según él, el gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, defenderse ante los tribunales o aprobar un nuevo decreto.

"Contemplamos todas las opciones posibles", aseguró Stephen Miller, asesor de Donald Trump.

"No hay dudas sobre las prerrogativas del presidente", insistió el asesor, considerado el inspirador de las primeras medidas antiinmigración de Trump.

"El presidente tiene el poder... de prohibir el ingreso al territorio (estadounidense) a algunas personas", señaló.

"El presidente tiene el poder... de prohibir el ingreso al territorio (estadounidense) a algunas personas", aseguró Stephen Miller, asesor de Donald Trump.

Trump mencionó el viernes a la posibilidad de preparar "un decreto totalmente nuevo" e avanzó que anunciará nuevas medidas "quizás el lunes o martes".

El decreto prohibía el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes durante 90 días y de refugiados de cualquier origen durante 120 días.

La disposición fue suspendida el 3 de febrero por el juez federal de Seattle James Robart y confirmada el jueves pasado por la corte de apelaciones de San Francisco, que rechazó el argumento del gobierno según el cual la justicia no tiene derecho a controlar su política migratoria.

Trump escribió este domingo en Twitter que el 72% de los refugiados que ingresaron a Estados Unidos entre el 3 y el 11 de febrero, "durante el fallo del tribunal", provenían de los siete países incluidos en su decreto --Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen--, dando a entender así que la decisión de la justicia ha abierto una brecha que aprovechan los ciudadanos de países que él considera una amenaza.