El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defraudó hasta 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015. La acusación procede de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), según consta en el informe de 600 páginas que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido al juzgado. Según la ONIF, durante ese periodo de tiempo Rato obtuvo unas rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros. A través de una maraña societaria, el expresidente del FMI y de Bankia podría haber defraudado casi siete millones de euros. No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años, según recoge la agencia EFE.
Rato, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.
El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
Esta nueva acusación de la ONIF llega pocos días después del final del juicio contra la antigua cúpula de Bankia por el uso de las tarjetas black, que ha quedado visto para sentencia tras 28 sesiones orales. Por este caso, Rato se enfrenta a una petición fiscal de 4,6 años de prisión y una indemnización de 2,6 millones de euros.
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