Al fin la amenaza se hizo realidad. Tras muchas presiones, los barones y dirigentes socialistas críticos con Pedro Sánchez lograron este martes que 17 de los 35 miembros actuales de la Ejecutiva del PSOE presentasen su dimisión, en un intento de forzar el cese del secretario general. Sánchez, sin embargo, resistió y respondió con el anuncio de un Congreso extraordinario para renovar los órganos de dirección, tal y como establecen los estatutos, según comunicó el secretario de Organización, César Luena. Antonio Pradas, miembro de la federación andaluza -la más crítica de todas- fue el encargado de depositar las firmas de los dimisionarios en la sede central de la calle de Ferraz. Entre ellos están Ximo Puig, secretario general de la Comunidad Valenciana; Emiliano García-Page, secretario general de Castilla-La Mancha; Micaela Navarro, presidenta del partido; o la exministra Carme Chacón.
Con esta medida, los barones pretendían evitar la celebración del Comité Federal convocado por Sánchez para el sábado, donde su equipo quería sacar adelante la celebración de un Congreso en diciembre precedido de unas primarias a las que él mismo se presentaría para poner fin al constante cuestionamiento interno y para zanjar el debate en torno a una posible abstención que permita la formación de un gobierno del PP. Esta "huída hacia adelante", según los críticos, no tendría base ideológica, sino que sería una maniobra táctica de Sánchez para mantenerse en el poder.
Pelea legal Las 17 dimisiones abren una guerra por la interpretación de los estatutos federales del partido. El artículo 36 -en su apartado O- establece que el Comité Federal puede "cubrir las vacantes en la Ejecutiva Federal y la Comisión Federal de Ética y Garantías". "Cuando las vacantes afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Ejecutiva Federal", reza.
De los 38 miembros originales de la Ejecutiva, actualmente mantenían su puesto 35, debido al fallecimiento de Pedro Zerolo y a las renuncias de José Ramón Gómez Besteiro y Javier Abreu. La mitad más uno de esos miembros estaría fijada en 18, lo que haría insuficientes las dimisiones de este miércoles. Los críticos, sin embargo, exigen que el cálculo se haga sobre los 38 miembros originales, de forma que a sus 17 dimisiones se sumasen las tres bajas no cubiertas, lo que daría un total de 20 y activaría el mecanismo de renovación de órganos.
Pero los críticos van más allá. Aunque los estatutos no lo establecen de forma explícita, los barones creen que el secretario general debe dimitir y nombrar una comisión gestora de forma inmediata. La posibilidad está contemplada en la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento del partido, pero solo en el caso de dimisión de un secretario general autonómico o del 50% de su Ejecutiva. El texto no dice nada en el caso de que las salidas se produzcan en la dirección federal, lo que llevaría a una paradoja, ya que la Ejecutiva nacional sería, en principio, la única competente para suspenderse a sí misma. El asunto es tan complicado que podría, incluso, acabar en los juzgados, según admitieron desde la dirección del partido a 20minutos. A un Congreso extraodinario César Luena, secretario de Organización del partido, compareció tras la presentación de las firmas para anunciar la reunión -ya sin los críticos- de la Comisión Ejecutiva para convocar el Comité Federal -distinto al previsto inicialmente para el sábado 1 de octubre- que establecerá la fecha del Congreso Extraodinario que fijan los estatutos en estos casos. "Que voten los militantes. Se ha querido torcer la voluntad de los órganos elegidos por los militantes, y que los militantes no hablen. Y eso es muy grave", sentenció. Antonio Pradas, que vio como los servicios de seguridad le prohibían la entrada a la sede central, respondió a las puertas: "Luena ya no es secretario de Organización ni la Ejecutiva del PSOE está legitimada". El andaluz solicitó además, como el resto de dimisionarios, que el próximo Comité Federal incluya en su orden del día la disolución de la Comisión Ejecutiva Federal y el cese de sus funciones.
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