Defensa de Rousseff basará alegatos en teoría de "ilegalidad" de los cargos

El juicio comenzará este jueves 25 de agosto y pocos días después el Senado votará si Rousseff, suspendida en mayo, continúa en su cargo o lo pierde, reportó AFP.

La debacle de su gobierno, en medio de una crisis económica, señales de agotamiento de la izquierda tras cuatro mandatos consecutivos y un monumental escándalo de corrupción en la estatal Petrobras alimentaron un movimiento en el Congreso para terminar con su mandato.

Y devolvieron a Cardozo a su primer trabajo. A sus 57 años, prepara el caso en un departamento de Brasilia que tiene la mesa cubierta de voluminosos libros de derecho.

-¿Cuál será el punto fuerte de la defensa?

-Es evidente que este proceso, si hubiera un juzgamiento racional y equilibrado, ya estaría extinto. No hay pruebas de que haya habido un crimen de responsabilidad (que alcanzan solo a funcionarios públicos), son pretextos que utilizan para destituirla. A nosotros nos cabe mostrar eso a la comunidad brasileña e internacional para que se entienda lo que está pasando en Brasil hoy: la destitución de una presidenta legítimamente electa a través de medios ilegítimos.

-¿Qué hará Rousseff en el Senado?

-Va a testificar como autoridad denunciada. Hará una primera evaluación sobre cómo ve este proceso, a la democracia brasileña y a las inconsistencias que existen en las denuncias. Después responderá a las preguntas de los senadores.

"Independientemente del tenor de las preguntas, de si sean agresivas o no, la presidenta Rousseff se va a comportar como la jefa de Estado, a la altura de su papel histórico".

-¿Espera que ahora los aspectos jurídicos tengan más peso en el proceso?

-El impeachment es jurídico-político y la apreciación política exige la existencia de ciertos presupuestos jurídicos, porque si es puramente político, como está siendo, habrá una ruptura institucional, un gobierno que nace ilegítimo, una democracia violentada. Es fundamental que el discurso político se coloque en la perspectiva de demostrar la falta de pruebas de las acusaciones y dejar claro que es una decisión puramente política, que la Constitución brasileña no permite y el presidencialismo no acepta.

"La sociedad tiene un papel muy relevante en la observación de lo que está pasando. Cuanto más desenmascaremos las acusaciones, más evidente será lo que está detrás de este proceso: una farsa, un golpe".

-¿Entonces la defensa le hablará a la sociedad brasileña?

-Hablaremos para los senadores y para la sociedad y también hablaremos para la historia. Tenemos esos tres interlocutores: los senadores, la sociedad y la historia. Es la única sinergia posible para demostrar que este proceso no tiene el menor fundamento, que Brasil es un país que tiene una democracia muy joven, conquistada duramente, para herirla de esa forma... Esa es un poco la idea de nuestra apuesta en la defensa.

-¿Recurrirá ante la corte suprema?

-Si hay una lesión al derecho subjetivo de la presidenta de ejercer su mandato, una vez comprobado ese ilícito, el poder judicial puede intervenir. No descartamos la posibilidad de acudir al poder judicial en cualquier momento, incluso después de la votación. La corte puede anular todo este proceso y de hecho ya debería haberlo anulado porque hay muchas irregularidades.

-¿Que se siente volver a ejercer el derecho en un caso de esta magnitud?

-Es curioso que mi retorno a la abogacía se dé en una causa compleja como ésta... Me entristece un poco la causa (...) pero me enorgullece poder estar como abogado, como acostumbro decir, del lado correcto de la historia.