Investidura o Tribunal Constitucional

Lo que no vale es la interpretación a la carta, realizada por miembros del Gobierno en funciones y del partido Popular. Rajoy tiene la obligación constitucional de presentarse a la sesión de investidura, la supere o no. No hacerlo es, a mi juicio, incumplir la Constitución de modo claro e inequívoco. La cuestión de inconstitucionalidad se puede plantear contra actos con fuerza de ley del Estado, etc.

Además, el bloqueo político seguirá, si no hay una primera votación de investidura y no se podrían convocar terceras elecciones, salvo que se malinterprete o deforme la Constitución, ya que esta posibilidad no está regulada, explícitamente, en el texto de la Carta Magna.

Lo de que el artículo 99 contempla una posibilidad y que, por tanto, no prohíbe otras es una completa falacia. Porque, con este tipo de argumentación se justifica cualquier interpretación jurisprudencial o jurídica de un artículo constitucional.

Un candidato a la presidencia del Gobierno debe cumplir, literalmente, lo que dice la Constitución, porque es su obligación legal. Independientemente, de que le sea beneficioso o perjudicial para su permanencia en el poder. En el caso de Pedro Sánchez aceptó ser candidato y se presentó a la investidura con el resultado negativo ya sabido. Cumplió lo que dice la Constitución. Aunque era consciente de que iba a perder las votaciones. Desde la perspectiva ética su actitud es perfecta.

Porque el pragmatismo tiene sus límites. No se debe tergiversar la interpretación correcta y literal del artículo 99 con fines políticos. Y parece que se está haciendo. Estamos en un Estado de Derecho, pero si no se celebra la investidura y se convocan terceras elecciones, en mi opinión, se estará realizando algo claramente inconstitucional.

Toda la oposición al partido Popular está defendiendo que Rajoy tiene que exponer su programa y solicitar la confianza, a través de las votaciones de investidura, gane o pierda.

Considero que el poder judicial no debe permanecer al margen de lo que está sucediendo con esta tergiversación de un artículo constitucional. Debería intervenir de acuerdo con lo que establecen sus funciones y competencias. De lo contrario, la calidad de nuestra democracia se reducirá.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor