El Gobierno español en funciones pidió este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer las sentencias del alto tribunal.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, informó este viernes en conferencia de prensa que este es uno de los puntos que pedirá al Constitucional después de que el pasado día 27 la Cámara catalana aprobara iniciar la vía unilateral para la independencia de esa región del noreste de España, destacó Efe.
"No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional", remarcó Sáenz de Santamaría.
Precisó que es una de las cuestiones que el Gobierno solicitará al TC al considerar que Forcadell incumplió su sentencia del 2 de diciembre de 2015 en la que anulaba el llamado "proceso de desconexión" de Cataluña respecto al resto de España.
Además de esa sentencia, la vicepresidenta recordó que la citada resolución del Parlamento vulnera también la orden del alto tribunal del pasado 19 de julio, en la que advierte a los poderes, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.
"No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional", remarcó Sáenz de Santamaría.
Una alta dirigente del Gobierno catalán, la canciller de Presidencia, Neus Munté, calificó la petición del Gobierno central contra Forcadell como "inadmisible" y advirtió de que su Gobierno "no se moverá" de su hoja de ruta soberanista, diga lo que diga el Tribunal Constitucional (TC).
La propia Forcadell consideró la iniciativa del Gobierno español como un intento de "coartar la libertad de expresión" del Parlamento catalán y aseguró que su inhabilitación, si ocurre, sería "profundamente antidemocrática".
A juicio de la dirigente catalana, "ningún tribunal puede pasar por encina de la voluntad de los ciudadanos" expresada en las urnas en las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre.
La propia Forcadell consideró la iniciativa del Gobierno español como un intento de "coartar la libertad de expresión" del Parlamento catalán y aseguró que su inhabilitación, si ocurre, sería "profundamente antidemocrática".
El líder de la oposición, el socialista PSOE y la formación Ciudadanos (liberal) nacido en Cataluña pero contrario al nacionalismo, apoyan al Gobierno español y rechazan el desafío soberanista que impulsan un grupo de partidos en el Parlamento catalán.
Los grupos que impulsan el desafío soberanista en la Cámara catalana son Junts pel Sí (JxSí, Juntos por el Sí, en el gobierno) y la CUP (separatistas antisistema).
La Cámara catalana aprobó el pasado 9 de noviembre con el apoyo de estos grupos una resolución para iniciar el proceso de independencia de España que incluía la tramitación de las llamadas "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que serían las bases de la hipotética república catalana.
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las llamadas "regiones históricas" (junto con País Vasco, Andalucía y Galicia) y cuenta con un alto nivel de autogobierno, pero el reciente impulso independentista polariza la política española de los últimos años.
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