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'Kichi' usa la reforma laboral del PP, que quiere derogar, para no readmitir a una trabajadora

'Kichi' usa la reforma laboral del PP, que quiere derogar, para no readmitir a una trabajadora

jueves 05 de mayo de 2016, 01:14h

05MAY-16.- El Ayuntamiento de Cádiz alegó causas económicas para negar un puesto de trabajo a una agente local de empleo, pese a las sentencias a su favor. "Sientes que han pisoteado tus derechos, que convierten en papel mojado lo que has conseguido en los juzgados", dice.

Luisa Pérez es una de las ALPE, agentes Locales de Empleo, despedida irregularmente en 2012, junto a otros 800 compañeros cuyos contratos dependientes de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos. Todos ellos formaban parte de los extintos 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, financiados con subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el ámbito municipal, para fomento del empleo.

Entonces, estos trabajadores iniciaron una batalla legal para que los tribunales reconociesen su readmisión. El juzgado dio la razón a Fomento, pero esta trabajadora recurrió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que resolvió a su favor.

Una sentencia de julio de 2014 declaró el despido improcedente y condenó al Ayuntamiento de Cádiz a optar por la readmisión de la trabajadora o al abono de una indemnización por despido improcedente. Un error en los plazos por parte del Consistorio hizo que el TSJA volviese a fallar la readmisión.

Pese a ello, la rocambolesca historia de Luisa no acababa más que de empezar. En julio de 2015, el Ayuntamiento gobernado ya por José María González 'Kichi' decide recurrir al Supremo para no ejecutar esta sentencia. La vía judicial quedó en cambio rechazada, ya que el Supremo no lo admitió a trámite.

El9 de diciembre de 2015, Luisa acudió al Juzgado para conocer la fecha de su incorporación y allí se encontró con el abogado del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), la gerente del Instituto de Fomento Municipal y un representante de la concejalía de Fomento. El abogado informa favorablemente a la readmisión, considerando que resulta más barato admitirla que despedirla. "Por decisión expresa de José María González y la concejala y en contra del criterio del abogado no se me readmite", afirma esta trabajadora.

Se alude para ello a la existencia de un plan de ajuste municipal, ya que el presupuesto se había reducido un diez por ciento en 2015 con respecto al año anterior. Lacausa económica es una de las vías recogidas en la reforma laboral del PP como motivo para prescindir de un trabajador.

“Esa es una opción que da la reforma laboral a la administración, al igual que a una empresa privada”, aclara Luisa, “pero es una opción, no una obligación”.

De esta forma, la juez determinó que la relación entre esta trabajadora y el Ayuntamiento de Cádiz había finalizado y estableció una indemnización económica de 76.055 euros, 33 días por año trabajado. De nuevo, según el baremo recogido en la reforma.

Desde el Consistorio de José María González 'Kichi' creen que el hecho de que la trabajadora aceptase la indemnización impide ahora que sea readmitida.

Ella insiste, en cambio, en que la Justicia determinó su incorporación y señala que otra trabajadora en su misma situación sí lo fue. “Estamos hablando de una arbitrariedad inexplicable", considera.

Descarta motivos personales para no facilitarle un puesto de trabajo, y apunta más bien a un “problema de incapacidad para gestionar el caso”, como la razón que, considera, puede justificar lo inédito de esta situación.

Destaca, además, que la readmisión de los ALPE ha sido una de las “banderas” de Podemos en campaña, e incluso la portavoz parlamentaria,Teresa Rodríguez, ha acudido a manifestaciones en favor de estos trabajadores.

“Estamos hablando de una doble incoherencia. Soy ALPE y pertenezco a un colectivo que Teresa Rodríguez ha abandonado en sus reclamaciones y además para no incorporarme a mi puesto de trabajo han utilizado una reforma que dicen que van a derogar”, dice.

Luisa admite que la travesía judicial hace mella moralmente. “En tu día a día, en tu familia, te sientes impotente ysientes que han pisoteado tus derechos, convertido en papel mojado lo que has conseguido en los juzgados. Se han atenido a la legalidad vigente, pero no es coherente con su discurso”, reprocha.

Tras el despido, se sacó una oposición para la gestión de proyectos europeos, cuyo contrato finalizó en febrero de este año. Ha reclamado los intereses de demora de la indemnización fijada en la sentencia, cuyo cobro se retrasó varios meses, pero ella pide que le sea asignado un puesto de trabajo, reconocido por la Justicia. “Yo dependo de mis codos, nunca he tenido ni un enchufe, y me siento totalmente capacitada”.

Fuente: lainformacion.com - POR LUZ SELA - 05/05/2016

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