“La broma se ha terminado”, ha dicho Albiol. Los populares han tramitado esta reforma por la vía de la proposición de ley urgente en el Congreso de los Diputados, de forma que puede ser aprobada en lo que resta de legislatura. El texto recoge la posibilidad de que aquellos que incumplan las resoluciones puedan ser suspendidos de su funciones y con multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.
García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del Constitucional y es un mensaje muy claro" a quienes incumplan la ley. La reforma establece un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en cuyo caso el Tribunal solicitará un informe y podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión a las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria, además de las posibles responsabilidades penales.
De acuerdo al calendario que maneja el Grupo Popular en el Congreso, la proposición podría ser aprobada el próximo 29 de septiembre, la semana después de las elecciones catalanas. El procedimiento se ha ajustado al máximo para permitir que pase el trámite parlamentario lo antes posible: por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Tras su aprobación en el Congreso deberá ser validada por el Senado.
FUENTE: LAINFORMACION.COM - L.S. - 01 de septiembre del 2015