La Fiscalía investiga al Gobierno de Cospedal por no reingresar a interinos “cesados en diferido”

El fallo del Alto Tribunal, que el PP aceptó al retirar su recurso ante el Tribunal Supremo, sentenciaba que los funcionarios tendría que volver a sus puestos reconociendo “todos sus derecho profesionales y económicos”, lo que obligaba al Gobierno de la también secretaria general de los conservadores españoles a abonar los salarios dejados de percibir desde agosto de 2012, unos 15 millones de euros. Pues bien, Cospedal eludió aplicar la sentencia en algunos casos concretos, y ahora la Fiscalía de Guadalajara, tras la denuncia interpuesta por varios interinos que no fueron readmitidos, ha incoado diligencias de investigación criminal contra la Junta de Comunidades de CLM por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, según subraya el representante del STAS, Gustavo Fabra, aludiendo a la sentencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver sentencia).

Cospedal quiso “castigar” a 73 trabajadores
Los hechos, según relata Fabra, se remontan a enero de 2015 cuando el Gobierno de Cospedal decidió hacer caso omiso a la sentencia del TSJ que declaraba “nulas de pleno derecho las Órdenes de 2012, y obligaba a reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando”. Aún así, la Administración regional decidió no readmitir a 73 de los 400 interinos afectados marcando como fecha de cese el concurso de traslados de 2013, la supresión de comisiones de servicio o el cierre de centros posteriores a 2012.

Si se amortizaron, ¿por qué hubo concurso?
Circunstancia ésta poco clara para la Fiscalía alcarreña, que no entiende que si se amortizaron estas plazas en 2012, cómo es posible, entonces, que salieran a concurso de traslados cuando esas plazas no existían. De ahí que haya citado a las partes para el día después de las elecciones autonómicas para tomarles declaración. Según el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS), tendrá que acudir a la Fiscalía la coordinadora provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Guadalajara, María del Carmen González Molina, “como firmante de la resolución del cese en diferido”, aunque los representantes sindicales tienen claro que los máximos responsables, además de la propia María Dolores Cospedal, no son otros que el polémico director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, y el no menos ínclito y controvertido consejero de Presidencia y AAPP, Leandro Esteban, al ser los máximos urdidores de esta aberrante situación.

“Prepotencia y mala fe”
Para el representante sindical esta nueva acción de la justicia pone nuevamente de manifiesto “la prepotencia y la mala fe del Gobierno regional ante el mayor escándalo de la historia de la Función Pública, que no sólo ha sido condenado por vulnerar la negociación colectiva, sino que, además, hizo todo lo posible por no cumplir la sentencia del TSJ alargando el procedimiento de una forma absurda al recurrir al Tribunal Supremo siendo conscientes de que la jurisprudencia había cambiado (como marcó la resolución del mismo)”. Empecinamiento que para Gustavo Fabra conlleva “tener que pagar mucho más dinero de las arcas públicas, cantidad que todavía no ha hecho pública el Gobierno (de Cospedal) pese a los constantes requerimientos desde la parte social, para acabar interpretando a la misma a su antojo y de una manera tramposa para no readmitir una parte de ellos, algo que al final les puede salir muy caro”.

Sentencia clara y concluyente
Y razón no le falta al sindicato STAS, puesto que la sentencia a la que hace referencia Fabra dejaba claro y con rotundidad que el Ejecutivo presidido por la neoliberal Cospedal “violó el derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución”, ya que para suprimir los puestos de trabajo se convocó a la mesa sectorial una sola vez y a modo de trámite, sin que se produjese una negociación real. “El derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la celebración de reuniones sin contenido”, recalcó el Alto Tribunal castellano-manchego, quedando probado, por otra parte, la denuncia de los sindicatos, que destacaban cómo las órdenes que suprimían los puestos fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha “escasamente una hora más tarde de que finalizase la mesa”. No caben más chapuzas y atrocidades socio-laborales en tan poco tiempo.

FUENTE: ELPLURAL.COM - CARLOS ISERTE | 18/05/2015