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Ciudadanos presenta su programa fiscal: fin del IVA super-reducido, IRPF en el 40% y complemento salarial

lunes 27 de abril de 2015, 23:40h

El partido de Rivera propone un complemento salarial anual para determinadas rentas, con un coste de 7.732 millones de euros. Proponen fusionar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y obligar a los acogidos a la 'amnistía fiscal' a pagar el 10% de lo defraudado.

Ciudadanos ha presentado esta tarde el tercer eje de su programa económico, el que hace referencia a la fiscalidad, y con el que completa el documento que pretende presentar a las próximas citas electorales.

El partido que lidera Albert Rivera propone un sistema financiero organizado en torno a tres ejes: crecimiento de calidad, con mejores instituciones y basado en la innovación y el capital humano, una priorización del gasto (destinando la mayor parte de recursos a sanidad, educación, pensiones, e innovación) y una reforma del sistema impositivo, que, aseguran, “está absurdamente lleno de agujeros y de excepciones hechas a la medida de unos u otros grupos de interés”.

Éstas son sus medidas desglosadas:

IRPF del 40%

Proponen una reforma de un impuesto que ven “completamente incomprensible”. ¿Cómo? “Bajando los tipos marginales y medios y eliminando deducciones, estimulando la actividad económica y el trabajo; introduciendo un complemento salarial anual para las rentas salariales más bajas, asegurando la progresividad del sistema, dando un salario digno por el trabajo y, al aumentar el atractivo del trabajo, incrementar el número de trabajadores y los meses trabajados por trabajador; al reducir los tipos marginales y medios, reduciendo la carga impositiva”. Según sus cálculos, esta medida permitiría a los ciudadanos una menor carga impositiva.

“Tipos en el entorno del 50%, como los que estamos viendo recientemente, son en nuestra visión contrarios al principio de no confiscatoriedad del artículo 31.1 de la Constitución.”, afirman. Defienden que los tipos del entorno del 40% son atractivos para que las rentas altas (con mucha movilidad geográfica) elijan tributar en España por la totalidad de sus ingresos, "en vez de cómo en la actualidad buscar paraísos fiscales”.

Así, las bases imponibles de hasta 22.500 euros tributarían con un tipo del 18%, hasta 52.500, con un tipo del 28% y del 42% en adelante.

Complemento salarial anual

Las rentas más bajas se beneficiarán de la introducción del complemento salarial anual (CSA). Por ejemplo, una pareja con dos hijos que gane 10.000 euros anuales se consideraría en el tramo creciente y cobraría un 43,5% de complemento salarial, es decir 4.350 euros. Si gana 12.000, estaría en el tramo plano, y cobraría 5.000. Si gana 18.000 por estaría en el tramo decreciente y tiene derecho a un crédito fiscal de (26.000-18.000)/2=4.000 euros, que se puede cobrar como deducciones mensuales o bien en un solo pago anual.

Desde el partido defienden que este complemento incrementará los ingresos de los trabajadores en situaciones más precarias y descartan que pueda provocar una reducción de salarios. “La evidencia internacional muestra que los trabajadores deciden aceptar empleos que de otro modo no aceptarían”.

Ciudadanos calcula que el coste de esta medida será de 7.732 millones de euros (que puede llegar a 10.162 en el peor de los escenarios), y que se costeará íntegramente con la eliminación de deducciones en sociedades, la simplificación de la administración y eliminación de duplicidades, y una decidida inversión en la lucha contra el fraude.

Complemento de pensiones

Se aplicará en las pensiones más bajas, que podrán beneficiarse de una deducción de hasta 500 euros en la cuota estatal.

Impuesto de sociedades único y del 20%

Proponen un nuevo tipo de sociedades, que será único y aplicable también a las pymes, y que se sitúa en el 20%.

“La razón para preferir un tipo único en vez de introducir un tipo reducido para PYMES es que la existencia de tipos reducidos desincentiva el crecimiento empresarial”, afirman desde el partido. Proponen eliminar absolutamente la deducibilidad de los gastos financieros “en la medida en que financien activos que generen ingresos exentos y avanzar progresivamente hacia la eliminación total de la deducción de intereses por encima de 1 millón de euros”.

“Con esta medida, obtendremos recaudación, fomentaremos la reducción del endeudamiento e incrementaremos tanto la eficiencia en la asignación de inversiones, como la inversión y creación de empleo en España”, aseguran. Además, proponen la eliminación de la exención indiscriminada de las plusvalías de las sociedades que participan en un 5% del capital de otra sociedad cuando venden su participación y la eliminación de las deducciones de "reversión de medidas temporales" previstas en la DT 37a de la Ley del impuesto de sociedades.

Los “incentivos fiscales” serán siempre temporales, procediendo después a un análisis “coste-beneficio” de la medida.

“No sólo hay que controlar que las empresas aplican correctamente los incentivos fiscales, sino también que estos incentivos sirven para algo, y en caso contrario eliminarlos para no seguir renunciando a recaudación fiscal para nada. En consecuencia, se procederá a realizar una auditoría de los principales gastos fiscales existentes en España para eliminar y reformar aquellos que carecen de justificación”, proponen. Según sus cálculos, la reforma permitirá generar 4.534 millones de euros de recaudación adicional, un 24% más que el escenario base.

Dos tipos de IVA: general del 18% y reducido del 7%.

Los bienes sujetos al reducido serían todos los bienes anteriormente en el súper-reducido del 4%, y la hostelería (hoteles, alojamientos, bares, restaurantes y comedores), actualmente en el reducido tributando al 10%. “La razón para dejar la hostelería a tipo reducido es competitiva”, afirman, “los turistas (contrariamente a cualquier otro tipo de consumidores de exportaciones españolas) sí pagan IVA y la hostería española se enfrenta a un mercado internacional extremadamente competitivo”.

Con estos dos tipos, afirman, el partido calcula que se podría “mantener constante la recaudación por IVA”. “Dado que la fiscalidad indirecta tiene menos peso en España que en el resto de la UE, bajar la recaudación por IVA no nos parece razonable”, dicen desde la formación.

Impuestos especiales

Desde el partido advierten de “elevadas multas por prácticas anticompetitivas” en el mercado de los hidrocarburos. En este ámbito, proponen una fiscalidad más progresiva. Además, eliminarán el impuesto de matriculación y el impuesto de Determinados Medios de Transporte, que quedarán sustituidos por un nuevo Impuesto de carácter ambiental, “en función de las emisiones de dióxido de carbono, y armonizado en todo el territorio”.

Sucesiones y Patrimonio

Proponen una “armonización fiscal” para que en ninguna región española “la clase media tenga que pagar impuestos de sucesiones”, estableciendo exenciones amplias, como la primera vivienda, la empresa familiar o un millón de euros por hijo. Se establecerá un único mínimo exento para toda España “cuya cuantía posibilite que las herencias inferiores a 1 millón de euros por hijo no tengan que tributar”. Por encima de esta base, la horquilla de tributación será de entre el 4% y el 10%.

Proponen un “régimen especial” para la transmisión de empresas familiares, y la reducción por adquisición de la vivienda habitual, “cualquiera que sea su valor, por el cónyuge supérstite y o los hijos”.

Control del gasto público, eliminación de duplicidades y adelgazamiento de la administración

Calculan que con sus medidas se podrán recaudar alrededor de 5.000 millones de euros. En este apartado, proponen la eliminación de las diputaciones provinciales, “nido de corrupción sin control democrático”, la fusión de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes , con excepciones- “lo que permitirá reducir el número de concejales e incrementar considerablemente su calidad y su remuneración” y menos corrupción. El sueldo de alcaldes y concejales se establecerá en una tabla salarial conforme al presupuesto de cada municipio.

Esa fusión permitirá la prestación conjunta de servicios como recogida de residuos, mantenimiento de alumbrado, gestión de recaudación, gestión de multas… Cada ayuntamiento fusionado mantendrá un “Alcalde de Pedanía o de Distrito”, la figura de representación municipal.

-Reforma constitucional: Desde Ciudadanos aspiran a convertir España en un “Estado descentralizado, de carácter federal y coordinado”, que permita evitar duplicidades y que disponga de un único fondo de compensación interterritorial en el modelo de financiación autonómico.

-Sistema de evaluación de todos los programas de gasto: Se potenciará a la Agencia de Evaluación y se evaluarán todas las políticas públicas con programas piloto.

-Reforma de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF): Dotándola de más independencia. Será la encargada de vigilar las políticas fiscales y dejará de depender del Ministerio de Hacienda. Tendrá presupuesto propio. Se encargará de elaborar informes de coste-beneficio económico y social de todas las inversiones públicas.

-Fusión de la inspección y la administración de la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda: “En la actualidad, por ejemplo, un inspector de Hacienda que estudia el fraude en una empresa está absurdamente incapacitado para inspeccionar las cuentas de la seguridad social de esta empresa”, destacan. Proponen establecer, de entrada, bases de datos comunes.

Lucha contra el fraude

Su objetivo, a medio plazo, es ensanchar las bases de los grandes impuestos en un 10%. Con ello, pretenden recaudar unos 17.000 millones de euros, que, junto a sus efectos en otros conceptos, como cotizaciones de Seguridad Social, permitiría obtener 20.000 millones de euros.

-Reducción del fraude en el impuesto de sociedades: Simplificando el régimen de contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, incrementando los medios humanos y materiales de control y obligando en determinados supuestos a imputar los beneficios a los socios (transparencia fiscal).

-Lucha contra el fraude y la evasión internacional: proponen revisar la lista de paraísos fiscales, obligar a las entidades financieras a informar sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, “en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes”, y reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, endureciendo las multas a las entidades que cooperen con el blanqueo.

-Control de las SICAV: corresponderá a la Inspección de Hacienda. Promoveremos la apertura de las SICAV, de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños reales de las SICAV, para que las mismas sean instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas, que son perfectamente lícitos pero que en ese caso deben tributar como cualquier otra sociedad”.

-Amnistía fiscal: Se exigirán los importes no ingresados por los defraudadores acogidos (Según sus cálculos, esto permitirá obtener 2.800 millones de euros en 2016) y se dará especial seguimiento a los defraudadores acogidos a este beneficio fiscal.

-Lucha contra las facturas falsas: entre otras, pretenden restringir el régimen de módulos a los empresarios que facturen como mínimo un 75% de sus operaciones a consumidor final.

-Modificación del delito fiscal: pretenden agilizar los procesos para el cobro de cuotas, interesas y sanciones pendientes de los defraudadores, aumento de penas para los delitos más graves, y tipificación como delito autónomo el diseño de productos financieros con ánimo de defraudar.

FUENTE: LAINFORMACION.COM - Luz Sela - 21/04/15

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