El PP trata de legalizar las "devoluciones en caliente" utilizando la Ley de Seguridad Ciudadana

El PP pretende legalizar las polémicas "devoluciones en caliente" a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite parlamentario, con la que se pretende reformar la Ley de Extranjería, de forma que se de carácter legal a la expulsión de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla.

Los populares han presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Gobierno y entre ellas propone una enmienda de adición mediante la cual pretende reformar esa Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, algo hasta ahora ilegal.
"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Este es el párrafo que el PP quiere que figure como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en la Ley de Extranjería.

Para ello propone una enmienda de adición para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana. Según explican los populares en sus enmiendas, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga "una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla".
A su juicio, "la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad".

La Ley obliga a identificar al inmigrante antes de su expulsión

La nueva de Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su tramitación parlamentaria después de que la semana pasada superase el debate totalidad en el que el PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar hasta nueve enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de todos los grupos que forman la oposición. A las ocho de la tarde de ayer terminaba el plazo para presentar enmiendas parciales.

En la actualidad, una vez que un inmigrante cruza la frontera y pisa territorio español, la Ley de Extranjería obliga a realizar una serie de trámites administrativos: el inmigrante debe ser trasladado a comisaría, donde la Policía le intenta identificar para abrirle un expediente de expulsión. El inmigrante tiene derecho a intérprete y una asistencia letrada.

Cuando el inmigrante llega a España desde Marruecos, se aplica el convenio de readmisión hispano-marroquí. Los trámites para la readmisión son más ágiles que para la expulsión, pero también requieren trasladar al inmigrante a comisaría para identificarle y que Marruecos proporcione un acuse de recibo.
Sin embargo, en los últimos tiempos, según denuncian las ONG y los colegios de abogados, la Ley de Extranjería se vulnera de manera sistemática en Melilla, donde los inmigrantes se devuelven en caliente a Marruecos, es decir, al momento y sin haber realizado los trámites preceptivos.

Las denuncias de tres de estas ONG, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, motivaron la imputación, en septiembre, del coronel jefe de la Comandancia de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por haber presuntamente devuelto "en caliente a Marruecos este verano a decenas de subsaharianos que habían logrado saltar las vallas o que se encontraban entre ambas vallas que separan la ciudad de Marruecos.
Las ONG argumentaron en la denuncia, acompañada de varios vídeos grabados entre el 18 de junio y el 13 de agosto, que los inmigrantes se encontraban en el espacio entre las dos vallas, es decir, en territorio español y fueron expulsados a Marruecos por antidisturbios marroquíes, que cruzaron la frontera, y guardias civiles. Las asociaciones recordaban además que en el intento de salto del 13 de agosto estas personas procedían de Mali, un país en situación de conflicto, y por tanto, tienen derecho a ser reconocidos como "solicitantes de asilo". En su declaración ante el juez, Martín Villaseñor negó haber cometido irregularidades.

Choca con la normativa española e internacional
La asociación pro-derechos humanos de Andalucía (APDH) ha advertido de que el cambio normativo que planea el Gobierno para dar legalidad a las “devoluciones en caliente” a través de una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana es contraria a la legislación internacional y a los convenios suscritos por España-como el convenio europeo de derechos humanos o la normativa internacional de refugio- e incluso a la propia legislación interna de asilo, que contempla el derecho de que los irregulares que proceden de países en conflicto puedan solicitarlo.

“Aunque se intentara adecuar la ley para que se pueda devolver a una persona de forma inmediata y sin identificarla ni ofrecerle la posibilidad de asilo, España estaría vulnerando sus obligaciones internacionales”, afirma Carlos Arce, coordinador de inmigración de la asociación.

Arce asegura que esta modificación legislativa, que afectaría a la Ley de Extranjería, “tendría abonado el recurso de inconstitucionalidad” e incluso “podría abrirse un procedimiento de infracción de la normativa comunitaria”.
“Parece mentira que desde las asociaciones tengamos que echar mano de la Directiva Retorno, que en su día tanto criticamos, para rechazarla, pero incluso esta directiva, con todo lo restrictiva que es en derechos para los inmigrantes, impide las devoluciones en caliente”, dice esta portavoz.

El ‘Acuerdo entre el Reino de España y el de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente’, firmado en Madrid en 1992, dice que “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”.

El artículo 23 del Real Decreto 557/2011, que contiene el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma de 2009 deja claro que “el extranjero respecto del cual se sigan trámites para adoptar una resolución de devolución” no sólo tendrá que ser llevado “a la mayor brevedad posible” a Comisaría, sino que también “tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete”.

La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular contempla que “se concederá al nacional de un tercer país de que se trate, el derecho efectivo a interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se revisen éstas”. –

Las expulsiones "en caliente" que pretende legalizar el Gobierno tienen enfrente a las normativas internacionales de derechos humanos e incluso a la propia ley de asilo española:
El "Acuerdo entre el Reino de España y el de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente’, firmado en Madrid en 1992, establece que “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”.

El Real Decreto 557/2011, en el que se desarrolla el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social afirma que el extranjero "respecto del cual se sigan trámites para adoptar una resolución de devolución” tendrá que ser llevado “a la mayor brevedad posible” a Comisaría" y “tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete”.
Según la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países, conocida como Directiva Retorno, “se concederá al nacional de un tercer país de que se trate, el derecho efectivo a interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se revisen éstas”.

La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece el derecho de no ser expulsados a las personas a las que se les otorgue la concesión de asilo, esto es "toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él".

La Abogacía Española dice que la enmienda es "inconstitucional"
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, considera que la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que legalizaría la devolución sobre la marcha de los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla es "inconstitucional" y choca con la legalidad internacional.
Solans explica que devolver a un inmigrante a Marruecos sin darle la oportunidad actualmente recogida por la ley, de pedir asilo o protección internacional por razones humanitarias, es directamente inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental de esa persona a ser escuchada.

"El problema no es que se vaya a legalizar la devolución en caliente, el problema es que no se puede legalizar la devolución en caliente porque es inconstitucional: lo que impide es el derecho de audiencia, impide que esa persona sea escuchada, así que de facto se impide el ejercicio de un derecho constitucional", plantea este experto en Extranjería.
Solans insiste además en que "se impide también el ejercicio de un derecho constitucional y consagrado por toda la legislación internacional" que es el derecho de pedir asilo o protección a España. "Hay situaciones humanitarias que deben ser escuchadas y la única garantía de que se le escucha es que haya alguien imparcial a su lado, en este caso, tal y como establece la ley, un abogado", sentencia Solans.
"No sé como se va a colar eso dentro del marco del Derecho de Defensa que recoge la Constitución, del derecho de audiencia que implica ese derecho a la defensa, de las gartantias jurídicas generales de nuestro ordenamiento, de la legislación de asilo y de todos los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado España", añade el letrado.
Para Solans, "es cierto que el PP tiene mayoría absoluta y puede reformar la ley a su gusto", pero no puede perder de vista "que existe una Constitución y unos tratados internacionales que España ha firmado" y todo un "ordenamiento superior" que no puede contradecir.

"Estamos hablando de menores, de mujeres amenazadas, de sirios, de caboverdianos, nigerianos que vienen perseguidos de su país; personas que vienen a pedir protección y España debe dársela porque así lo establece la Constitución y el marco internacional", asegura.
También la Comisión Europea ha advertido a España
La Comisión Europea aseguraba hace sólo unos días que España había decidido no aplicar la Directiva Retorno y advertía al Gobierno de que los "Estados deben velar por que se respeten las garantías mínimas" contenidas en esta Directiva, que incluye expresamente el rechazo a la devolución en caliente.

Ayer mismo, la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, muy crítica con el Gobierno tras la tragedia del Tarajal, el pasado mes de febrero, en la que fallecieron quince inmigrantes que intentaban acceder a nado a Ceuta, avisaba al Gobierno español de que no puede usar la fuerza para impedir a los inmigrantes irregulares cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla. Malmström advertía de que no vacilará en actuar si detecta incumplimientos de la legislación de la UE.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha respondido hoy a Mälmstrom con unas polémicas declaraciones en las que, afirma, se ha autocensurado. "Lo que pienso es políticamente incorrecto y debo ser prudente", dijo González, antes de replicar a la política sueca que "si nosotros no rechazáramos toda la inmigración su propio país le pediría que pensara lo que dice".

"Lo que tiene que hacer antes de hablar", ha insistido el delegado, "ella desconoce profundamente la realidad de Ceuta y Melilla, por lo que tendría que conocer la situación 'in situ', evaluarla y después hacer las contestaciones que deba".
Una fotografía para reflexionar
La fotografía que ilustra esta información es obra de José Palazón, responsable de la ONG Prodein, una de las más activas en la defensa de los derechos de los inmigrantes.
Palazón aclara a este periódico, que con su foto no pretende dar a entender que la sociedad de Melilla haya normalizado la situación que se vive en la ciudad. Al contrario, dice, “la mayoría de la gente de Melilla está en contra de lo que se hace con los inmigrantes, pero tiene al mismo tiempo la sensación de que no puede hacer nada”.
Según el director de Prodein, existe además una sensación de “miedo” generalizada a posibles consecuencias de “significarse públicamente” a favor de los derechos de los inmigrantes y en contra de expulsiones en valla, con violencia y vulnerando la legalidad. Por eso, afirma, se intenta “hacer como que no pasa nada” aunque “esto no quiere decir que guste lo que pasa”.

"En Melilla, el conjunto de la población tiene miedo porque la respuesta del sistema a cualquier crítica suele ser fuerte”, asegura Palazón. Como ejemplo pone a ONG que, afirman, han perdido sus subvenciones y ayudas públicas por su activo rechazo a la política migratoria que se lleva a cabo e incluso funcionarios que le han manifestado que cumplen con las órdenes por temor a perder su trabajo o a las posibles represalias.
Según Palazón, la enmienda presentada por el PP es una muestra más de una "huida hacia delante en la que está solo".
FUENTE: LAINFORMACION.COM - Luz Sela - 22/10/14 -