El instructor requiere al partido esta información por la “eventual responsabilidad tributaria” que pudiera alcanzar al PP por los hechos objeto de instrucción.
Bárcenas aseguró que tuvo esos poderes hasta marzo de 2010, mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sostuvo ante el juez cuando declaró como testigo en agosto que se los retiró en octubre de 2009. En su interrogatorio de la semana pasada, el extesorero del PP, actualmente en prisión incondicional, aseguró que fue él quien el 3 de marzo de 2010 envió un correo electrónico al cajero del partido, Luis Molero, en el que le pedía dicha revocación. Si los poderes le hubieran sido revocados en la fecha que Cospedal aportó cuando declaró como testigo ante el juez Ruz, le habría sido imposible dar a los bancos órdenes de compra de deuda pública para el PP.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, el extesorero señaló que con los seis millones de euros que el PP tenía entonces en su contabilidad oficial, dio esas órdenes de compra a lo largo del semestre transcurrido entre octubre de 2009 y marzo de 2010.
Ruz también ordena poner a disposición de UDEF, Agencia Tributaria e Intervención General del Estado las declaraciones de Bárcenas del pasado jueves, una vez transcritas, "al objeto de que puedan valorarla en el ejercicio de las funciones encomendadas". También ordena incorporar a la pieza separada la declaración de Rosalía Iglesias del pasado jueves por estar relacionadas parcialmente con esta pieza. Asimismo, incorpora el informe de UDEF sobre "análisis de contratación pública de empresas vinculadas a los querellados" y ponerlo a disposición de IGAE para informe.
El pasado 13 de febrero, Ruz había pedido al notario el poder que otorgó el PP a su extesorero para comprobar si se extendía a representar al partido ante Hacienda en el pago de impuestos y de cara a la investigación de un delito fiscal por parte de la formación, del que respondería su representante.
En ese auto también requería a la Agencia Tributaria el documento que presentó el PP el 27 de octubre de 2009 en el que solicitaba la baja de la obligación de pagar el Impuesto de Sociedades con efectos a 1 de enero de 2008, de acuerdo a las eximentes de pago de este impuesto reguladas en la ley de financiación de partidos de 2007.
El magistrado justificaba la petición de estas diligencias de cara a aclarar la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública por el impago del impuesto de sociedades por parte del PP en el caso Bárcenas, algo que solo se podría investigar en el año 2008, ya que los anteriores estarían prescritos.
Ruz recuerda que "de acreditarse como ciertas las entradas dinerarias registradas en la contabilidad paralela" del partido que reflejarían los llamados papeles de Bárcenas, con donaciones de empresarios y pagos a altos cargos, "ello implicaría una cuota tributaria que conllevaría, al menos en el plano hipotético, la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública".
Fuente: elconfidencial.com - Carlota Guindal - 15/04/2014
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