El caso será escuchado en la primera audiencia del 138 periodo de sesiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará del 15 al 26 de marzo y será pública, informó hoy el secretario ejecutivo del organismo, Santiago Canton.

Ecuador presentó en junio de 2009 una denuncia en la que acusa a Bogotá de haber violado los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos relativos al derecho a la vida, a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial cuando bombardeó el 1 de marzo de 2008 un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano.

Dicha operación, en la que murieron al menos 26 personas, entre ellas el portavoz internacional y 'número dos' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'; el ecuatoriano Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos, provocó que Quito rompiera relaciones con Bogotá el 3 de marzo de 2008.

Esta denuncia será quizás la más importante de todas las audiencias que se realizarán en este periodo de sesiones de la CIDH, que verá 35 casos tras haber recibido 106 solicitudes.

Y es que se trata de la segunda denuncia interestatal en los casi 51 años de historia de la CIDH y es 'importante', según Canton.

El primer caso en el que un Estado denunció a otro fue el de Nicaragua contra Costa Rica en 2006, en el que Managua acusó a San José de xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses.

Esa denuncia fue declarada inadmisible por la CIDH en 2007.

En la audiencia del día 19, la CIDH escuchará los argumentos de Ecuador y de Colombia para determinar si la denuncia es admisible.

Ecuador afirma que Aisalla murió como consecuencia de 'una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero', mientras que Bogotá alega que falleció por la 'onda explosiva producto del bombardeo al campamento del terrorista de las FARC, Raúl Reyes, donde se encontraba en el momento de los hechos'.

Bogotá sostiene que Aisalla 'hacía parte de un grupo criminal al servicio de las FARC', según afirmó el 13 de junio en respuesta a la denuncia de Quito, que insiste que el hecho de que éste hubiese o no pertenecido a la guerrilla no influye en la demanda.

El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, explicó cuando presentó la denuncia ante la CIDH que está 'demostrado, a través de los peritajes, el hecho de que (Aisalla) murió como consecuencia de golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza'.

Esto, dijo García, no es 'producto, necesariamente, de la onda expansiva de la explosión, sino de golpes que habrían sido dados posteriormente a la explosión en el mismo lugar'.

En este periodo de sesiones de la CIDH habrá varias audiencias sobre Guatemala, en las que se expondrán la situación general de derechos humanos, la legislación sobre desaparición forzada y las reparaciones, al igual que sobre Colombia, en las que se analizarán el estado de los derechos humanos y el proceso de desmovilización de paramilitares, entre otras.

La CIDH también evaluará la situación del sistema penitenciario en Brasil, la reforma política en México, las agresiones contra periodistas en ese país, los derechos de migrantes en tránsito, un caso de los jesuitas en El Salvador y la radiodifusión.

Escuchará, asimismo, denuncias sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Haití, sobre la criminalización y represión de la protesta social en Perú, la utilización de niños en organizaciones armadas y la libertad de expresión en Ecuador.

Otras audiencias versarán sobre la situación de la administración de justicia en Panamá y la respuesta de la Justicia hondureña frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en junio de 2009.

Habrá, además, tres sesiones a puerta cerrada sobre la violencia, seguridad ciudadana y condiciones carcelarias en Venezuela, el deterioro institucional y amenazas a defensores, y la situación de la libertad de expresión en ese país.