Por toda América Latina, pero especialmente en la zona de los Andes, un despertar político sacude a los indígenas acostumbrados a vivir como ciudadanos de segunda clase desde la conquista española y a los cuales, la independencia americana desde el pasado siglo 19, no hizo más que acrecentar e institucionalizar en la mayoría de los casos, su calidad de ciudadanos de segunda y/o tercera categoría. No hay en la historia de los distintos gobiernos sudamericanos del último siglo, iniciativas concretas que hayan permitido de manera efectiva, sacar a los ciudadanos pertenecientes a las etnias originarias de su estado de pobreza y marginación.

Esta inquietud política se debe en gran parte al acceso a una mejor educación o mejor dicho, debida indudablemente al acceso más fácil a una mejor red de comunicaciones en la medida que Internet ha permitido a líderes nativos, en regiones apartadas, compartir ideas y estrategias más allá de sus fronteras. Lo que antes tardaba meses en llegar a conocimiento de las poblaciones apartadas hoy, es una realidad instantánea, gracias a Internet que por su propia naturaleza, escapa a la censura a diferencia de lo que ocurría con los censores de gobiernos de otras épocas los cuales, conscientes del poder de la información, hacían lo posible por evitar que esta llegase a las capas sociales más desposeídas. En ese aspecto, Internet ha conseguido –como ningún otro medio de comunicación en la historia-, “democratizar” la información integrando al universo de las noticias y el conocimiento, a todos –relativamente-, por igual.

Por otro lado, este despertar de los llamados “pueblos originarios” responde también a una urgencia: Las naciones de América Latina se han embarcado en una feroz e incontrolada búsqueda y explotación sin precedentes, de sus propios recursos naturales bien por sus propios medios cuando no, mediante la entrega de estos recursos a la voracidad de empresas multinacionales que, como ha ocurrido en el Amazonas por ejemplo, no dudan en destrozar el entorno natural desplazando con estas acciones desde sus territorios a los indígenas, quienes asumen como de propiedad ancestral estas tierras que hasta hace pocos años, eran prácticamente vírgenes y que los indígenas consideran imprescindibles para su supervivencia.

"El movimiento indígena se ha levantado al ver que el gobierno no respeta nuestros territorios, nuestros recursos, nuestro Amazonas. Llegaremos hasta las últimas consecuencias", dijo Rómulo Acachu, presidente de los Shuar en Ecuador, flanqueado por sus guerreros con lanzas de madera y los rostros cubiertos con dibujos negros de guerra.

El mes pasado, los Shuar bloquearon con alambre de púas, piedras y árboles, los puentes de una carretera en la región selvática de la región sur Ecuador y como protesta por una nueva ley que permitiría trabajos mineros en territorios indígenas sin previa consulta con las tribus, colocando además el agua de la zona bajo control del estado.

El 30 de septiembre, un maestro fue muerto durante disturbios violentos con la policía antimotines.

"Si hay 10 muertos, que haya 10 muertos, si hay 1.000 muertos estarán bien muertos. De ser necesario, usaremos la fuerza para defender nuestra dignidad", dijo otro dirigente Shuar, Rafael Pandam poniendo de manifiesto el firme propósito de su pueblo de hacer lo que haga falta como una clara muestra de lo inquebrantable de sus propósitos de lucha.

Una semana después del fallecimiento de este indígena en los confusos incidentes ocurridos, el gobierno ecuatoriano accedió a reconsiderar la ley después de que el presidente Rafael Correa recibiera a un centenar de líderes indígenas en el palacio de gobierno. Seguramente el presidente Correa recordó –con acierto-, que la población indígena, que representa más de un tercio de la población de ese país, ha ayudado con sus votos a varios de sus predecesores en el gobierno a llegar al poder pero también, los ha tumbado y sacado del palacio presidencial cuando ha sido necesario y esto, en fechas muy recientes, en el año 2000 y en el 2005 para ser más exactos.

Los indígenas son una décima parte de los 500 millones de habitantes de América Latina. En algunos países andinos tales como Bolivia, Perú y Ecuador, la proporción es mucho mayor. También ocurre lo mismo en Guatemala donde la mayoría de la población tiene un fuerte componente de ascendencia indígena. En otros países sudamericanos, tales como Chile, Argentina, y Uruguay, el porcentaje de indígenas es mucho menor pero todos, independientemente de lo anterior, son los más pobres y menos educados de la población en general y se agrupan en los estratos sociales más bajos.

En países como Guatemala, cerca del 80% vive con menos de dos dólares al día, una tasa de pobreza que duplica la del resto de la población, de acuerdo con el Banco Mundial. En el resto de América Latina, al menos el 40% de los indígenas carece de acceso a servicios de salud y más del 50% de los niños indígenas no están escolarizados.

Las amenazas a los territorios indígenas han crecido en los últimos años. Al reducirse las reservas mundiales de crudo y aumentar la demanda mundial de minerales, madera y de espacios para el cultivo de forrajes para la masa ganadera –que constituye la base alimenticia de los países ricos-, los sectores petrolífero y minero se combinan con la industria maderera y agrícola para abalanzarse sobre tierras tradicionales indígenas.

"Los indígenas han estado perdiendo progresivamente el control y la propiedad de los recursos naturales de las tierras y territorios que ocupan desde siempre. A veces las leyes les reconocen el título de las tierras, pero no les quieren reconocer la propiedad de los recursos que están en esas tierras", dijo Rodolfo Stavenhagen, un prominente sociólogo mexicano que es relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas. "Así que la situación no es muy alentadora, sino más bien lo contrario", agregó.

La revuelta en los Andes.

En Perú, al sur de las tierras Shuar, el gobierno ha dividido más del 70% de la región amazónica en campos de exploración petroleros y ha comenzado a entregar concesiones. Por temor de que sus territorios de caza y pesca sean contaminados, los indígenas comenzaron el año pasado a realizar bloqueos esporádicos de carreteras y ríos.

El 5 de junio, la policía antimotines abrió fuego sobre los indígenas en un bloqueo vial a las afueras del poblado de Bagua, donde la selva llega al pie de las montañas andinas. Al menos 33 personas murieron, la mayoría de ellas agentes policiales. Los indígenas no se disculparon por su resistencia.
"Casi todo lo que tenemos viene de la selva", dijo uno de los manifestantes, un maestro de escuela de la tribu Awajun llamado Gabriel Apikai. "Las hojas, la madera y enredaderas que usamos para construir nuestras casas. El agua de los riachuelos. Los animales que comemos. Por eso es que estamos tan preocupados", agregó.

Mucho más al sur en la cadena montañosa más larga del mundo,-los Andes-, la policía chilena está protegiendo ahora 34 haciendas y terrenos madereros que los indígenas Mapuches tienen como objetivo de ocupación y sabotaje al decir de las autoridades policiales y políticas chilenas ya que en el caso del conflicto chileno, el gobierno de Bachelet ha preferido de entrada, calificar las acciones y manifestaciones de los aborígenes como claras muestras de terrorismo y así, poder aplicar leyes de represión específicas a estos actos en un intento de tapar con un dedo, “el sol” de una protesta y un movimiento que tiene raíces más profundas y ancestrales que el simple deseo de unos “antisociales”, –como los califican las autoridades regionales- con ganas de provocar daño en la propiedad ajena sin motivos justificados.

En Chile, los Mapuches, que dominaron Chile desde antes de la conquista española y que impidieron primero el avance de los incas invasores venidos desde el norte y posteriormente resistieron la conquista española como ningún otro pueblo aborigen de América, representan actualmente menos del 10% de la población y tienen un 5% de sus territorios, algunos de ellos entre los menos fértiles del país.

Activistas Mapuches que reclaman los títulos de más tierras y más acceso a la educación y los servicios de salud, se declararon este año en desobediencia civil. En agosto, la policía antidisturbios, que realizaba una evacuación, mató a un indígena y al menos otros ocho, resultaron heridos.

"Si el gobierno y la clase política no escuchan nuestras demandas, la situación se va a tornar mucho más difícil que la que hay ahora", dijo el líder (lonko) Mapuche José Santos Millao, en una entrevista con The Associated Press en Santiago. Calificó de "cortina de humo" al Ministerio de Asuntos Indígenas que creó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado 29 de septiembre.

La situación de los indígenas en Bolivia

En ninguna otra parte del continente americano es tan evidente la manera cómo, en un par de años, los indígenas de Bolivia, acaso el grupo humano más postergado desde siempre en ese país andino, ha pasado de ser “el último escalón” en el farragoso entramado social boliviano -dividido y subdividido por una serie de cuestiones puramente locales-, a constituirse prácticamente, en el poder indígena en Bolivia, país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, en diciembre de 2005.

Morales disolvió el Ministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, al que tildó de racista. En un país donde cuatro quintas partes de sus habitantes son aborígenes, un ministerio específico para atender sus necesidades resultaba –en opinión de Morales-, absurdo y ridículo y por ello, procedió a disolverlo como un acto premonitorio de lo que vendría en menos de tres años, en la vida de aquel país del altiplano.

En febrero de este año, los votantes aprobaron una constitución que crea un estado "plurinacional" y les concede un estatus de soberanía a los nativos de Bolivia. Ancestrales modelos de gobierno, justicia comunitaria e incluso tratamientos curativos son ahora legales, al mismo nivel que las leyes más modernas y la ciencia.

En la capital, La Paz, las "cholitas" -mujeres indígenas con sus tradicionales sombreros redondos y chales multicolores- son ahora jefes de servicios públicos, -hay incluso una gobernadora interior (Prefecta)- y hasta alguna presentadora de televisión. Los concursos de belleza comienzan a incluir un apartado para elegir a la "Miss Cholita" y en los lugares de esparcimiento, ya hay espacio para las artistas nativas, tradicionalmente relegadas a los espectáculos folklóricos específicos. En pocas palabras, la ciudadanía boliviana, está acostumbrándose a que compatriotas “bolivianos originarios” comiencen a tener participación activa en la vida diaria y normal del país.

En el palacio presidencial, Morales, un indígena de origen aymara que cultivó coca, fue dirigente sindical y de niño conoció los rigores extremos de la pobreza y la falta de recursos, no ha perdido la memoria de sus orígenes y suele almorzar periódicamente, con los guardias de bajo rango de la sede de gobierno.

Morales se está asegurando que las ganancias del gas natural y la extracción de minerales sean distribuidas equitativamente y que el agua, cuya privatización en la ciudad de Cochabamba provocó protestas en el 2000, nunca más sea puesta en manos privadas. También lucha por hacer públicos los servicios de electricidad.

Morales ha fundado tres universidades indígenas, formalizado el sistema de cuotas para los aborígenes en las filas militares y creado una escuela especial para indígenas que quieren ser diplomáticos. También promueve una campaña para demandar que todos los trabajadores públicos puedan hablar fluidamente al menos una lengua indígena.
"No hay forma de regresar al pasado", dijo Waskar Ari, un aymara quien cambió su nombre a Juan en la década de 1970 para poder así ser aceptado en una escuela privada en La Paz. Hoy es profesor en la Universidad de Nebraska.

Es evidente que el caso de Bolivia no es extrapolable a ninguno de los demás países del entorno ni a los del resto de América pero es innegable que su caso está siendo observado muy atentamente por el resto del mundo ya que Morales con la creación, por primera vez en la historia, de un “estado plurinacional” que de entrada reconoce el innegable origen indígena de sus habitantes ha puesto más que probablemente, la primera piedra a un movimiento que tardará más o menos, según cada caso, pero que en América Latina es ya imparable.