España –como todo el mundo sabe-, vive una fortísima crisis económica y todas las predicciones dicen que seremos los últimos en salir del agujero y puestos a buscar los responsables y antes de culpar a nuestros dirigentes políticos –que son a la postre, los que tienen la obligación de velar por nuestros intereses-, preferimos dirigir nuestras miradas al más cercano, al que menos posibilidades tiene de momento en este país: el inmigrante.

Durante los años de fuerte crecimiento económico la inmigración fluyó de manera constante –e incontrolada- hasta casi alcanzar el 12% de la población total del país. A nadie parecía preocupar entonces por cuanto la llegada masiva de inmigrantes facilitó la mano de obra barata y, familias españolas que por generaciones habían sido obreros y gente de trabajo, se encontraron de pronto, con que también –al igual que las familias pudientes-, podían tener una sirvienta para planchar la ropa de la familia por 4 euros la hora.

Ahora, con un desempleo récord en Europa que se empina por el 20% de la población, las críticas y los discursos comienzan a tener en la mira a los inmigrantes y esa misma masa de trabajadores que era hasta hace algún tiempo la que permitiría mantener el “estado de bienestar y garantizar las pensiones de la seguridad social” hoy aparece como la principal causante de la crisis económica que lo envuelve todo y como pruebas palpables de este aserto, tenemos el endurecimiento de la Ley de Extranjería, las declaraciones de los partidos y la negativa de varios ayuntamientos para empadronar extranjeros aduciendo razones que han existido siempre y que sin embargo pareciera que recién ahora mismo, salen a la luz pública tales como las afirmaciones de algunos responsables políticos de algunos ayuntamientos al decir que con estas medidas, se quiere impedir la proliferación de los llamados “pisos-patera” esto es, cuatro, cinco o más personas sin parentesco necesariamente entre sí, compartiendo una casa o piso alquilado –por lo general- a uno de ellos que a su vez, realquila habitaciones.

Esta práctica no sólo es viejísima, (y recomendada en muchos países para determinados colectivos) sino que es habitual –por ejemplo-, en los barrios aledaños a Universidades donde muchos estudiantes venidos desde fuera, comparten un piso o una casa con seis, siete u ocho jóvenes que, de otro modo, nunca podrían pagar una vivienda individual.

En España hay más de cinco millones de extranjeros
Es efectivo que en menos de diez años, España pasó de unos cuantos cientos de inmigrantes a más de 5 millones (la mayoría de ellos latinoamericanos), una de las tasas más altas del mundo.

El aumento iba de la mano de la bonanza de algunos sectores como el inmobiliario. Esa cifra ahora pesa como un lastre en sectores como la Seguridad Social y la educación (de cobertura gratuita) y en los discursos de los partidos, más aún con las altas tasas de desempleo (30% en el caso de los inmigrantes).

Y aunque la llegada de inmigrantes ha disminuido drásticamente, no se prevé un retorno masivo entre otras cosas porque el llamado “Plan de Retorno Voluntario” para los inmigrantes articulado por el gobierno hace ahora un par de años fue un rotundo fracaso porque estaba hecho sin tomar en cuenta la problemática real del inmigrante (puede ver más detalles en la editorial “Retorno Voluntario; Crónica de Un Fracaso Anunciado”, en ésta misma sección). Los inmigrantes están esperando que la situación mejore.

También hay que tener en cuenta que los inmigrantes no han entrado en su inmensa mayoría (en el caso de los sudamericanos por ejemplo) de manera subrepticia en España. Se les ha dejado entrar precisamente porque en la época de bonanza económica se precisaba de mano de obra barata y era frecuente no hacerles ni siquiera un contrato de trabajo y pagarles salarios por debajo de lo establecido por la ley y ningún partido –ni ningún político de ese entonces-, decía nada.

El inmigrante se empadronaba y con ello, accedía tanto a la sanidad (que en España es gratuita) y a la educación, prestaciones que si bien pagamos todos los españoles, los inmigrantes también aunque en algunos casos, de manera indirecta ya que en aquellos trabajadores sin contratos y “pagados en negro” y por ende, sin tributar al estado, esta responsabilidad corresponde al empresario inescrupuloso que empleaba sin contratos para ahorrarse los costos de la seguridad social por el trabajador y los diferenciales de salarios y entonces ¿dónde estaban los políticos para denunciar estos hechos de flagrante evasión de obligaciones por parte de aquellos empresarios?.

Hoy mismo –señalan algunos políticos-, “nos encontramos con unas tasas de desempleo enormes. Los inmigrantes que cotizaron están cobrando el paro con la carga que ello supone a la Seguridad Social y los que no cotizaron suponen un problema social”. Lo que olvidan estos políticos es que si un trabajador cotiza a la seguridad social tiene derecho al desempleo sea inmigrante o no, ya que de igual manera, si un trabajador español, pierde un trabajo por el cual no tenía contrato, tampoco cobraría la prestación de desempleo. En estos momento de crisis económica y de falta de trabajo para autóctonos e inmigrantes, los primeros se olvidan de que los inmigrantes vinieron precisamente, a hacer los trabajos que ellos no querían y rechazaban de manera sistemática..

Endurecimiento de las leyes y/o procedimientos administrativos
La reciente negativa de varios ayuntamientos (Vic y Salt en Cataluña y Torrejón en Madrid) de empadronar más extranjeros sin papeles ha despertado los temores xenófobos. Toda persona que viva en España está obligada a empadronarse. No es imprescindible estar regularizado pero la falta del empadronamiento sí impide acceder a derechos como la salud y la educación.

Cuando todo iba bien, los ayuntamientos no discutían el empadronamiento y hubo algunos incluso, que dieron más facilidades que otros como una forma de aumentar su padrón poblacional y tener derecho a más prestaciones por parte de los gobiernos autonómicos o del gobierno central y por extensión, de los Fondos Sociales Europeos.

Posiblemente lo de Vic y otros pueblos es algo puntual y no necesariamente indicativo de una corriente de xenofobia ya que hay que precisar que la xenofobia y racismo en España son inferiores a lo que se aprecia en Francia e Italia por ejemplo donde existen partidos de ultraderecha que gozan de fuerte respaldo en la población.

En el caso de España, el hecho de que la inmensa mayoría de los inmigrantes sea de origen hispanoamericano ha favorecido una más rápida integración y salvo algunos hechos aislados, no hay una corriente –de momento-, racista o xenófoba al extremo de constituir una realidad tangible.

El gobierno del socialista Rodríguez Zapatero aprobó una reforma de la Ley de Extranjería que ha sido calificada por organizaciones no gubernamentales (ONGs) y asociaciones de inmigrantes como severa.

La Ley restringe la reagrupación familiar al conyugue e hijos menores y agiliza la expulsión de los sin papeles recluidos en los Centros de Internamiento.
"Hay que prohibir las regularizaciones masivas. Si ganamos las elecciones los inmigrantes que deseen renovar sus permisos tendrán que firmar un contrato de integración. Deben comprometerse a cumplir las leyes, a respetar las costumbres españolas, a pagar sus impuestos y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo", han dicho desde el partido opositor, PP.

Pese a todo, y a contramano de lo que discuten políticos de uno u otro bando, los expertos en demografía afirman que España y el resto de los países de Europa necesitarán en los próximos años, flujos continuos de millones de inmigrantes que vengan a reforzar una población que envejece a velocidad de vértigo y que registra en conjunto, una de las tasas de natalidad más bajas del planeta. De no ser así –advierten los especialistas-, dentro de 35 años, no habrá suficiente población joven que sea capaz de aportar los necesarios recursos económicos a la seguridad social que permitan mantener a una población que tendrá casi en dos tercios, más de 60 años.