Las imágenes que ha difundido la cadena de televisión chilena, TVN, han impactado por la crudeza y la devastación que se aprecia por doquier. El terremoto, -cuyo epicentro ha afectado de manera principal a la región del Maule y Bío Bío- ha golpeado con especial virulencia a la principal ciudad de la región: Concepción, que ha resultado con mucho, ser la más perjudicada. Concepción es la tercera ciudad de Chile en cuanto a población y desde las últimas horas del pasado sábado hasta este mismo martes, fue escenario de inusitados brotes de violencia ciudadana que han derivando –inexplicablemente para muchas personas- en asaltos y robos con saqueo y pillaje a centros comerciales y supermercados.

En las primeras horas tras la catástrofe, cientos de personas saquearon supermercados en Concepción, -distante 530 kilómetros al sur de Santiago-, y otras ciudades de la región, situación que se extendió a sectores residenciales que fueron amenazados por turbas enfurecidas que además de robar cuanto encontraron a su paso, incendiaron dos de los comercios afectados.

Las autoridades locales pidieron al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet una mayor presencia policial y luego el despliegue de militares, lo que se concretó el pasado lunes junto al establecimiento de un toque de queda. Esta medida, que se aplica por primera vez desde la dictadura militar (1973-1990), permitió controlar las turbas que saquearon los comercios en un primer momento y empezar a entregar la ayuda a los damnificados de manera ordenada.

Los medios informativos coincidieron en que la presencia militar en la zona de la catástrofe fue clave al momento de frenar a los saqueadores, varios de los cuales fueron detenidos el martes por militares que portaban fusiles de guerra.

Sin embargo, durante las escasas horas en que no rige el toque de queda grupos de delincuentes acechan algunos comercios en busca de alimentos, pero muchos de ellos también se llevan aparatos electrónicos y electrodomésticos.

Hasta aquí todo podría en cierta forma, parecer normal dadas las circunstancias pero si se analizan con detalle estos hechos podrían extraerse algunas conclusiones que resultan cuando menos, preocupantes: Llama la atención que los primeros actos de pillaje y saqueo ocurrieron el mismo día sábado por la tarde, vale decir a pocas horas de ocurrido el terremoto que devastó la región. Los saqueadores no sólo arrasaron con productos de alimentación básicos sino que en la euforia del pillaje, arramblaron con frigoríficos, televisores y microondas.

Estos actos de violencia, -salvando las distancias-, en determinadas condiciones pueden justificarse si la desesperación por no contar con los elementos básicos de supervivencia durante un período de tiempo prolongado por ejemplo (como sucedió en Haití) gatilla un estallido de violencia y conduce de manera ciega a una turba de exaltados para hacerse con productos de primera necesidad almacenados en supermercados y comercios.

La mayoría piensa que en un país ordenado y progresista como es Chile, estos actos de pillaje corresponden de manera aislada a delincuentes y a los sectores más marginales de la población, al llamado lumpen, que por vivir precisamente, al margen de la sociedad establecida, no trepida en apropiarse –si la oportunidad lo favorece-, de aquello que se ponga a su alcance. En esta ocasión sin embargo, el perfil del antisocial como le han calificado las autoridades regionales y centrales en Chile, ha agregado a un participante no tradicional e inédito: en los actos de pillaje y saqueo participó también, un elevado número de ciudadanos normales.

Las grabaciones de las cámaras de televisión han mostrado a gente común y corriente, huyendo a escape con objetos robados en supermercados y comercios. Un reportero de TVN (de nombre Amaro) entrevistó a una pareja de saqueadores compuesta por un padre y su hijo adolescente que se afanaban por huir con sendas cajas de cartón repletas de artículos recién robados y de los cuales, según mostró el reportero, ninguno era comestible o bebible. El padre, un hombre de aspecto normal, -como las personas con quienes nos topamos a diario en el metro o el autobús- dijo no sentir ningún remordimiento ni preocupación y, que tampoco le importaba robar en compañía de su hijo. Por su parte el muchacho, remató la justificación a su accionar con un displicente "hay que sobrevivir".

Si esta situación casi surrealista resulta increíble, mayor estupor han causado las imágenes de vecinos armados de rifles y escopetas, montando guardia en el tejado y en la puerta de sus casas para prevenir ataques de grupos de saqueadores que, desafiando toda autoridad, se han atrevido incluso, a asaltar viviendas con sus moradores en el interior. Tal es así, que los militares desplegados para neutralizar estos hechos además de detener saqueadores han debido arrestar a ciudadanos por porte ilegal de armas.

El análisis de estos hechos completamente inéditos en un país que pasa por ser uno de los que posee una gran cultura cívica -además de la reputación- de ser una de las economías emergentes más sólidas del continente y que junto a Brasil se perfila como una de las potencias de Sudamérica del próximo futuro, son el claro indicio de que algo, no va bien en aquel país. La grave situación creada por el infausto terremoto, ha permitido eclosionar un problema de imprevisibles consecuencias y alcances: la pérdida del concepto de responsabilidad por determinados actos y lo que es peor, la ausencia de temor de determinados sectores de la población del país por las consecuencias derivadas del quebrantamiento flagrante de la ley.

Por otro lado, es innegable que de manera soterrada persiste un sentimiento de rabia y frustración en un amplio sector de la población que de manera gradual, ha ido siendo excluida de los grandes circuitos del consumo y del acceso a bienes y servicios cada vez más circunscritos a unos sectores socioeconómicos muy determinados.

La idea de que en el país coexisten -al menos- dos sectores sociales y económicos muy diferenciados y que caminan por sendas divergentes ha calado fuerte en la población y toma mayor cuerpo a medida que pasa el tiempo y este fenómeno que comenzó en los años 70, no ha conseguido ser neutralizado por ninguno de los gobiernos que en estos últimos 37 años ha dirigido el país.

Esto explicaría el significativo hecho que ciudadanos pertenecientes a los estratos medios –que son la inmensa mayoría del país-, hayan participado desembozadamente al amparo del yo colectivo, en actos claramente delictivos y que en términos prácticos están sustentados en la dudosa excusa moral –como dijo una mujer consultada por un reportero- de que “si ellos pueden, yo también”.