Pero, para muchos chilenos de la VIII región, la credibilidad de esos organismos estaba ayer por el suelo. El primero, porque el sábado pasado no advirtió de la inminencia del maremoto. Por esta impericia, la Armada destituyó el viernes al director del SHOA, Mariano Rojas. Sin embargo, la ONEMI afronta las críticas más duras por haber calculado mal el número de víctimas.

La presidenta, Michelle Bachelet, modificó la cifra de 802 decesos. En la región del Maule habían muerto 316 y no 587. En las estimaciones iniciales se habían mezclado los fallecidos comprobados con las posibles desapariciones. Tras intervenir la Onemi y corregir los números, el Gobierno anunció que la información definitiva sobre los fallecimientos se conocerá solo después que se identifiquen todos los cuerpos.

En Santiago se compara la fuerza del cataclismo con los efectos de un ataque militar por sorpresa. Según el portal El Mostrador, la presidenta Bachelet y su gabinete de Seguridad, que incluye civiles y militares, "son los que perdieron esta guerra".

Las autoridades no han respondido de manera convincente por las deficiencias del sistema de comunicación estratégica y la demora en declarar el estado de catástrofe. La presidenta, víctima de la dictadura, y un Gobierno que hizo de los derechos humanos una de sus banderas, tuvieron cierta resistencia a dejar el poder, con las Fuerzas Armadas en el centro de la escena.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó ayer, a su llegada al país para evaluar los daños y coordinar la ayuda del organismo, su emoción por "el fuerte coraje y la resistencia del pueblo chileno".