El vicepresidente del Ejecutivo regional catalán, Oriol Junqueras, admitió que el Estado ha "alterado las condiciones del juego", en alusión a las diferentes actuaciones que han desmantelado el proyecto de consulta secesionista, destacó Efe.
Aunque el Tribunal Constitucional lo suspendió hace dos semanas, el referendo ilegal seguía adelante, en palabras del Gabinete catalán, dispuesto a llevar adelante el desafío al Estado.
En ese sentido, la jornada del miércoles fue relevante porque la Guardia Civil (en su calidad de policía judicial) detuvo a catorce personas que la Justicia considera en el núcleo duro de la organización de la consulta secesionista, pero también la incautación de cerca de diez millones de papeletas de voto halladas en una nave industrial de la periferia de Barcelona.
Antes, los agentes habían requisado las cartas que debían enviarse a miles de personas para formar las mesas el día de la votación, el 1 de octubre, así como diverso material para publicitar la consulta.
En una comparecencia institucional, en la noche del miércoles, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ya ahondó en la idea de la dificultad de esa consulta: "Saben que este referendo ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible", indicó Rajoy.
Sin tiempo para rehacer todos esos preparativos y con la incógnita de si en verdad existen varios miles de urnas destinadas al 1-O, que el Gobierno regional catalán asegura que están escondidas, los independentistas confían en la movilización popular.
"Solo el pueblo puede salvar al pueblo", resumió Junqueras, para quien "la clave es que la gente mantenga la esperanza y la alegría de ejercer la democracia", a pesar de las "enormes dificultades" que en su opinión plantea el Estado.
Durante la jornada del miércoles miles de personas se concentraron ante la sede de la consejería regional de Economía catalana, uno de los departamentos fundamentales en la organización de la consulta y hubo algunos incidentes porque los manifestantes destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil mientras los agentes llevaban a cabo registros.
Hoy cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referendo.
En esa concentración participó la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, quien hizo un llamamiento a mantener la movilización y votar el 1-O "por el futuro y por la democracia".
La pugna política, mientras tanto, se trasladó al Congreso de los Diputados, en Madrid, donde el pleno tenía diferentes puntos en el orden del día, aunque los parlamentarios catalanes aprovecharon la tribuna para llamar al voto en la consulta ilegal de octubre.
En respuesta, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, que reflexione y "no se escude en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando".
En este punto, el Ejecutivo español tiene el apoyo de la primera tolda de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya presidenta, Cristina Narbona, también solicitó a Puigdemont que desconvoque ya la consulta del 1 de octubre, "cuanto antes mejor", y que, "de forma inmediata", se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político.
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