Cancilleres de 17 países desconocieron instalación de la Constituyente

En la Declaración de Lima, de 16 puntos, los diplomáticos expresaron "su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela" y "su decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente" electa el 30 de julio, ni los actos que emanen de ella por su "carácter ilegítimo".

También resaltaron "su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional" (Parlamento), de mayoría opositora, "democráticamente electa", reseñó AFP.

En el documento, suscrito tras siete horas de reunión en la capital peruana, expresaron también "su condena a la violencia sistemática a los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, a la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres".

En el encuentro, que agrupó a representantes de países como Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia y Canadá, los diplomáticos aseguran actuar "con pleno respeto a las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia".

En su declaración, precisaron su "convicción de que la negociación es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias" y se ofrecen a apoyarla.

La Asamblea Constituyente, un "suprapoder", legislará hasta por dos años --más allá de la culminación del mandato de Nicolás Maduro-- para reescribir la Carta Magna de 1999 y al mismo tiempo tomar otras decisiones de efecto inmediato.

Para la oposición, que no participó en la conformación y elección de los miembros de la Constituyente, esta entidad permitirá que Maduro se perpetúe en el gobierno.

Una dictadura"

La reunión se concretó luego de la decisión del Mercosur de suspender a Caracas por la "ruptura del orden democrático", tras la elección y reciente instalación de la Constituyente, que es rechazada por parte de la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea, y considerada "un fraude" por la oposición.

Para el canciller peruano, Ricardo Luna, anfitrión del encuentro realizado en la cancillería, "lo que tenemos en Venezuela es una dictadura (...). En Venezuela se ha roto el orden democrático y se tiene una situación de facto".

La ola de manifestaciones, impulsadas por la oposición para exigir la realización inmediata de comicios generales y la salida del gobierno, ha dejado 125 muertos en los últimos cuatro meses.

Los cancilleres americanos se solidarizaron también con la recientemente destituida Fiscal General, Luisa Ortega, quien mostró abiertas discrepancias con el gobierno de Maduro.

"No podemos admitir un régimen dictatorial entre nosotros ni permitir la continuidad del horror que vive el pueblo venezolano", dijo el canciller brasileño, Aloysio Nunes.

Grupo de seguimiento

Otro punto de la agenda expresa su compromiso de "mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país".

De acuerdo con el grupo de cancilleres, "Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

De la misma forma, resolvieron no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales y llamaron a detener "la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas".

"Chile no acepta golpes militares, autogolpes o levantamientos militares. Queremos que se restablezca el orden democrático quebrantado a través de una negociación creíble, sincera, con efectos reales", dijo a su turno el canciller chileno Heraldo Muñoz.

Los cancilleres esperan volver a reunirse "a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países". Dicha Asamblea está prevista en septiembre.

Bajo las condiciones actuales, los participantes solicitaron a la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.

Estados Unidos -severo crítico del gobierno de Maduro- no fue convocado a la reunión, previo acuerdo, para evitar que su presencia fuera malinterpretada.