Kirchner solicita anular procesamiento por asociación ilícita y fraude

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) pidió este martes a la Justicia argentina que anule un procesamiento dictado en su contra por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta durante su Gobierno.

La decisión de procesarla tomada en diciembre pasado por el juez federal Julián Ercolini "pone al descubierto de manera brutal la matriz de persecución y difamación que se dirige" en su contra, opinó Kirchner en un escrito presentado hoy en los tribunales por su abogado, Carlos Beraldi, y difundido en sus redes sociales, citó Efe.

Según la mandataria, Ercolini consideró un delito "una decisión política tomada por un gobierno elegido democráticamente".

Por ese motivo, y debido a "la inusitada gravedad institucional que apareja la resolución" del juez, Fernández de Kirchner abrió la posibilidad de recurrir el fallo a organismos internacionales de derechos humanos una vez agotada la instancia judicial en el país.

El 27 de diciembre último Fernández de Kirchner fue procesada ante la sospecha de que manipuló la adjudicación de obra pública durante su Gobierno en beneficio del empresario Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones.

El magistrado le dictó, además, un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos (unos 635 millones de dólares).

Desde que dejó el Gobierno argentino, en diciembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un escenario judicial adverso con varios procesamientos, acusaciones y una causa que irá a juicio oral.

La ex mandataria deberá sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados por el supuesto delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública en una causa que investiga si hubo irregularidades en las operaciones cometidas en 2015 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA, emisor) en la venta de dólares a futuro a valores más bajos que los de mercado.

Fernández de Kirchner fue procesada también por los supuestos delitos de ser jefe de una asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito y negociaciones incompatibles a través de dos empresas a su nombre y los de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Además, la Justicia reactivó la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de ser hallado muerto de un disparo en la cabeza contra la ex presidenta, su ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes por un supuesto pacto con Irán para encubrir a los acusados por el atentado al centro comunitario judío AMIA perpetrado en 1994 que dejó 85 muertos.